Mérida, 29 may (EFE).- La propuesta de la ley de concordia de Extremadura, cuya aprobación supondrá la derogación de la de memoria histórica, continúa con su trámite parlamentario, después de que PP y Vox, autores de la misma, hayan descartado las enmiendas de PSOE y Unidas por Extremadura, que ya han advertido de que acudirán a los tribunales para bloquearla.
Las intervenciones de los representantes de los cuatro grupos parlamentarios de la cámara legislativa, al margen de evidenciar las diferencias en torno al concepto histórico de memoria y la interpretación de la misma, han estado acompañadas de expresiones como “izquierda perroflauta”, “fascistas”, “verdugos”,”analfabetos funcionales” y “bazofia”, entre otras.
Rencor y resentimiento, dignidad y derechos, sectarismo y dogmas y revanchismo y totalitarismo han sido las horquillas en las que se han movido las defensas tanto de la propuesta de ley como de las enmiendas a la totalidad presentadas por los dos partidos de la izquierda.
“Nos veremos en los tribunales” ante “una bazofia de texto revanchista y fascista”, ha afirmado el diputado socialista José Ramón Bello dirigiéndose al PP y Vox, sabedor de que esta propuesta de ley, una vez concluya todo el trámite parlamentario, será aprobada finalmente.
Los populares han afirmado que esta propuesta se sostiene en los principios y valores de la Transición y de la Constitución y se construye para “la dignidad” de todas las víctimas, la recuperación, el consenso y el reencuentro.
Se trata de una ley, ha afirmado el diputado Laureano León, que huye del “enfrentamiento, la ideología y el sectarismo”.
A juicio de los proponentes, la legislación debe fomentar la reconciliación y no “juzgar colectivamente a los españoles de entonces, pues contribuye a dividir a la sociedad de hoy a costa del ayer”, tal como recoge la propuesta.
Según estos, “reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier otra índole acaecidas en Extremadura durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y nuestros días”.
Además, establece que “los procedimientos iniciados y no concluidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley decaerán, a excepción de los procesos de exhumación, que continuarán rigiéndose por la normativa anterior”.
La respuesta de Vox ha elevado el tono: “Son ustedes unos analfabetos funcionales, que saben leer, pero no comprenden lo que leen”, ha dicho el diputado Álvaro Sánchez-Ocaña, en alusión al texto de la propuesta y a los libros de historia.
Bello (PSOE) ha asegurado que tanto su partido como Unidas “están en el lado correcto, donde están las víctimas, y no nos ponemos con los verdugos”, una posición política típica, a juicio de Vox, de “la izquierda perroflauta”.
Esta propuesta de ley, tal como refleja la enmienda del PSOE, es “un atentado a la transparencia, a la reparación y a la búsqueda de la verdad” y, además, recoge la supresión de todas las comisiones e instituciones creadas desde la entrada en vigor de la ley de memoria histórica, “lo que silencia al tejido asociativo del movimiento memorialista extremeño”.
En la enmienda de Unidas, como ha defendido Fernández, se remarca que esta ley de concordia vulnera artículos de la Constitución y disfraza “el blanqueamiento y el revisionismo histórico que se intenta llevar a cabo”.
