Kiev, 5 sep (EFE).- La contrarreforma legal impulsada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para restaurar la independencia de las agencias anticorrupción de la que él mismo las había despojado previamente logró aplacar las protestas ciudadanas y las críticas europeas, pero no ha conseguido la paz entre esas mismas agencias y el principal servicio secreto de Ucrania.
En un comunicado de lenguaje inusualmente duro contra otra estructura del Estado, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) acusó esta semana a la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y a la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) de actuar motivadas por el deseo de «venganza» al presentar cargos contra el general del SBU Iliá Vitiuk por no haber justificado el origen de cerca de 200.000 euros que utilizó para comprar un apartamento.
El origen de la disputa
Según el SBU, la NABU y la SAP quieren vengarse con esta investigación de la operación llevada a cabo por el servicio secreto este mes de julio contra 15 detectives de la NABU.
Su director, Semén Krivonos, declaró este viernes que en la NABU esperan «una nueva ola» de acciones hostiles en su contra del servicio secreto, al que reprochó, además, una supuesta “campaña informativa” para desacreditar a la institución que dirige.
El servicio secreto justificó estas acciones en la necesidad de extirpar la influencia rusa dentro de esta agencia anticorrupción, y dos de los detectives contra los que se efectuaron redadas están acusados de mantener contactos con el enemigo que ponen en peligro la seguridad nacional.
La operación del SBU fue condenada por la NABU y la SAP como un intento de intimidación que además habría dado acceso a los servicios secretos a toda la información de investigaciones sensibles en marcha que, según medios ucranianos, afectan a personas cercanas a la oficina presidencial.
Un día después de las redadas, el 22 de julio, Zelenski ratificó una ley aprobada horas antes por el Parlamento ucraniano que subordinaba la NABU y la SAP al fiscal general del Estado, un cargo nombrado directamente por el presidente.
Protestas y rectificación Esta reforma legal provocó una ola de protestas ciudadanas inédita en tiempos de guerra, y llevó a los principales gobiernos europeos y a la UE a pedir a Zelenski que rectificara.
Uno de los argumentos esgrimidos por Zelenski a favor del cambio legal fue la necesidad de combatir la infiltración rusa en las agencias anticorrupción.
Según la publicación ‘Ukrainska Pravda’, uno de los detectives acusados por el SBU de hacer tratos con Rusia trabajaba en el momento de su detención en una investigación a Timur Mindich, empresario cercano al presidente y uno de los dueños de la productora en la que triunfó Zelenski, ‘Kvartal 95’.
Cediendo a la presión de la sociedad civil y la comunidad internacional, Zelenski presentó una nueva ley aprobada por el Parlamento el último día de julio que devolvía la independencia a la NABU y la SAP.
Una paz frágil
La rectificación del presidente aplacó a la sociedad civil. Las protestas en las calles cesaron y las propias agencias anticorrupción y los socios europeos de Ucrania aplaudieron al presidente por el cambio de rumbo.
Al menos sobre el papel, la administración de Zelenski firmó la paz con las estructuras anticorrupción y con los activistas pro-Estado de derecho que, pese a haber perdido el favor de EE.UU. con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, siguen contando con protección desde la Unión Europea (UE).
Pero el conflicto sigue más vivo que nunca entre la NABU y la SAP y el principal servicio secreto ucraniano, una agencia de espionaje que depende directamente del presidente y tiene un importante capital de prestigio por operaciones de guerra contra los rusos como la que en junio dañó decenas de aviones de combate rusos con drones lanzados desde territorio enemigo.
Marcel Gascón
