Quito, 2 oct (EFE).- Sindicatos de Ecuador realizaron una marcha este jueves en Quito, capital del país, para exigir el cese del uso de la fuerza y violencia por parte de la Policía Nacional y las Fuerza Armadas durante las protestas indígenas contra el Gobierno por la eliminación del subsidio al diésel.
Los manifestantes, que sumaron en torno a cien personas, se concentraron primero frente al Ministerio de Defensa y después continuaron hasta la Plaza del Teatro.
«Asesino», «Fuera Noboa fuera», «Este Gobierno es sangre, miseria y opresión», «Nos quitan el subsidio y nadie dice nada», fueron algunos de los cánticos que entonaron durante la protesta, a la que llevaron multitud de pancartas y megáfonos como es habitual.
«Estamos frente al Ministerio de Defensa exigiendo que los militares cuiden al pueblo ecuatoriano. Es injusto que estén haciendo un uso desproporcionado de la fuerza en contra de quienes están protestando. Somos gente de a pie, no somos terroristas ni criminales», señaló Isabel Vargas, presidenta de la federación de barrios de Quito.
Ecuador lleva once días envuelto en una serie de protestas y movilizaciones lideradas por el movimiento indígena frente al decreto de Noboa que elimina el subsidio al diésel, que pasó de costar 1,80 a más de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).
Hasta ahora, las manifestaciones se han saldado con un fallecido, alrededor de cincuenta heridos y más de un centenar de protestantes detenidos, entre ellos una docena enviados a prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo por parte de la Fiscalía.
Las protestas se han registrado en seis de las veinticuatro provincias del país, principalmente en la sierra andina, y con la norteña provincia de Imbabura como epicentro de las movilizaciones más multitudinarias y fuertes.
«Las Fuerzas Armadas se han dedicado a reprimir al pueblo mientras la delincuencia organizada sigue matando», continuó la mujer.
Deuda de la familia Noboa
En mitad del paro, la familia del presidente Daniel Noboa, uno de los grupos empresariales más fuertes del país, anunció en sus redes que su deuda con el Estado se había reducido a cero.
De acuerdo a medios locales, la Exportadora Bananera Noboa, de la familia del presidente, mantenía una deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI, la administración tributaria del Estado) de alrededor de 95 millones de dólares.
Sin embargo, ese monto se fue reduciendo en los últimos meses hasta llegar a los 3,5 millones de dólares que, según la página oficial de la agencia de recaudación, aún debe la compañía.
Los manifestantes en Quito aprovecharon para criticar ese comunicado. «Las Fuerzas Armadas y la Policía no puede ser cómplice de un gobierno, privilegia a su familia y a elites económicas, incluso perdonándose millones de dólares», declaró Kleber Hidalgo presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Pichincha.
Vargas, por su parte, exigió la derogación del Decreto 126 que regula el nuevo precio del diésel porque provoca un crecimiento de la «pobreza extrema» mientras su familia no «devuelve los millones de dólares que le ha perdonado el SRI».
La eliminación del subsidio al diésel es un tema especialmente delicado en la política ecuatoriana y el movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles.
