La Paz, 30 abr (EFE).- La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) alertó sobre el retraso en los procesos contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús acusados de encubrir los supuestos abusos a menores por parte de sacerdotes, la mayoría fallecidos, en casos que salieron a la luz el 30 de abril de 2023.
“Vemos mucha lentitud en nuestra justicia”, dijo a EFE el presidente de la CBS, Wilder Flores, tras identificar que el proceso con mayor avance es el que involucra al jesuita español Alfonso Pedrajas, conocido como ‘Pica’, fallecido en 2009.
En este caso, la Fiscalía presentó la imputación formal contra los exprovinciales españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix, por lo que el inicio del juicio oral debía realizarse en enero, pero quedó pospuesto aún sin fecha.
El aplazamiento del juicio se debió a que los exprovinciales no pudieron asistir a la audiencia por problemas de salud, al tener más de 80 años.
Las denuncias por pederastia en Bolivia han estado en la mira de la sociedad luego de que el medio español El País publicara el 30 de abril de 2023 una investigación sobre un diario de Pedrajas, en el que hace referencia a los presuntos abusos que perpetró contra decenas de niños cuando dirigió el Colegio Juan XXIII, desde 1971.
Flores dijo que las víctimas de Pedrajas son casi 200 y no las 85 que este señaló en su diario, mismas que corresponden a agresiones que sucedieron en las décadas de 1970, 1980 y 1990, varias de las cuales en ese momento fueron gestionadas por la orden religiosa.
Según la CBS, las agresiones sexuales en el desaparecido Colegio Juan XXIII, en la ciudad central de Cochabamba, alcanzan los 400 si se suman las que supuestamente cometieron otros jesuitas españoles y bolivianos acusados.
Por su parte, el exjesuita y vocero de la CBS Pedro Lima señaló a EFE que son varios los procesos ante la justicia que “no han avanzado”, como los que involucran también a los jesuitas españoles Alejandro Mestre y Luis María Roma.
En febrero de 2019, EFE dio a conocer el caso de Roma por una denuncia de un exmiembro de la orden que pidió el anonimato y que basó las acusaciones en una treintena de fotografías en las que dijo reconocer al supuesto agresor de varios menores de entre 6 y 12 años, y cuyas víctimas figuran en decenas de descripciones que el cura también registró en su diario.
En este caso, la Compañía de Jesús admitió que no se aplicaron los protocolos para canalizar la denuncia penal tras efectuar una investigación interna en la que no se hallaron víctimas. El caso fue posteriormente cerrado y nuevamente reabierto por la Fiscalía en 2024.
Los representantes de los sobrevivientes consideraron que los presuntos abusos que cometió Pedrajas y otros jesuitas demuestran que la Compañía de Jesús montó un “sistema sofisticado de encubrimiento”, algo que la congregación ha negado tras considerar que los delitos denunciados “son de índole personal”.
También “lamentaron” que la sanción en Bolivia por el delito de encubrimiento sea solamente de dos años de prisión, y que al tratarse de una pena baja no sea necesaria la aplicación del encarcelamiento, por lo que es posible que, de darse con los encubridores, estos no vayan una prisión.
Aparte de Recolons y Alaix, la Fiscalía imputó en otros procesos al exprovincial español Ignacio Suñol, al exsuperior provincial boliviano Osvaldo Chirveches y al actual alto mando jesuita, Bernardo Mercado.
La CBS también expresó su preocupación por la redacción de un borrador de acuerdo entre Bolivia y la Santa Sede en el que “se respeta la inviolabilidad de los archivos, registros y documentos” episcopales y de las oficinas de la Iglesia católica.
“Aceptar eso es dar (a la Iglesia) todas las condiciones para que todos los casos de pederastia queden en la impunidad, es lapidario”, expresó Flores.
Gabriel Romano Burgoa
