Bruselas, 25 jun (EFE).- Los grupos de los socialdemócratas y de los liberales del Parlamento Europeo pidieron hoy por carta a la presidenta de la Eurocámara, la popular Roberta Metsola, que aborde en la cumbre de líderes de la UE de este jueves la decisión de la Comisión Europea de bloquear su propia propuesta legislativa contra el ecopostureo.
«Esperamos que plantee la cuestión de la protección del papel del Parlamento y del Consejo en los procesos interinstitucionales durante su habitual intervención en la reunión del Consejo Europeo del jueves 26 de junio», señala la misiva dirigida a Metsola.
Firman el escrito las presidentas del grupo de los Socialdemócratas (S&D) y Renovar Europa (Renew), la española Iratxe García Pérez y la francesa Valérie Hayer, respectivamente, segunda y tercera fuerza de la Eurocámara, quienes piden que se retome la negociación de la directiva congelada.
Ambas se quejan ampliamente del comportamiento del Ejecutivo comunitario, que el viernes pasado anunció por sorpresa que tenía intención de retirar su propia iniciativa, pese a que el siguiente lunes había programada una reunión para negociar el texto entre Consejo y Parlamento.
La llamada Directiva sobre Declaraciones Ecológicas o sobre Alegaciones Medioambientales (Green Claims Directive), que la Comisión Europea presentó en marzo de 2023, busca reforzar la normativa para evitar que las empresas puedan hacer afirmaciones engañosas sobre las cualidades medioambientales de sus productos y servicios.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, se habían dotado de un mandato de negociación y ambas instituciones discutían desde enero el texto final junto a la Comisión Europea.
Pero el viernes, la Comisión sorprendió al anunciar que pretendía retirar el texto, sin explicar inicialmente los motivos, más allá de que iba en contra de la agenda de simplificación que quiere aplicar Bruselas a la legislación comunitaria.
Más tarde, el Ejecutivo aseguró en un comunicado que la decisión se debía a que la normativa en su estado actual afectaría negativamente a «30 millones de microempresas».
Finalmente, la presidencia polaca de turno del Consejo de la UE decidió «pausar» la negociación el mismo lunes para analizar la extraña situación, mientras que se conocía que Italia cambiaba de postura y retiraba su apoyo a la normativa en el Consejo, justo después de que Von der Leyen se reuniera el viernes en Roma con la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni.
A continuación, los negociadores socialdemócratas y liberales del Parlamento criticaron duramente a la Comisión, cuya nueva posición se alineaba con la de los grupos de ultraderecha y se conocía apenas unos días después de que el Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenecen tanto Metsola como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hubiera pedido por carta al Ejecutivo que cancelara la propuesta.
El eurodiputado socialdemócrata alemán Tiemo Wölken, uno de los negociadores, aseguró el lunes que el mandato del Parlamento pasaba por excluir a las microempresas del alcance de la propuesta y señaló a Von der Leyen y a la comisaria de Medioambiente, Jessika Roswall, de tener «la culpa de esta situación sin precedentes».
«Le están haciendo el juego al Partido Popular Europeo, una vez más, junto a la extrema derecha», afirmó.
Un día después, en la rueda de prensa del martes, los portavoces de la Comisión reconocieron que la propuesta sólo afectaría a «30 millones de microempresas» en el caso de que todas ellas decidieran trabajar en el mercado de productos ecológicos y evitaron aclarar si Von der Leyen y Meloni abordaron la cuestión el viernes.
Malestar entre los Veintisiete
El movimiento de la Comisión también ha sentado mal en el Consejo, donde los embajadores de los Veintisiete han analizado la cuestión este miércoles.
Distintas fuentes diplomáticas indicaron a EFE que Italia confirmó que sustraía su apoyo a la propuesta, mientras que Bélgica, Chipre, España, Eslovenia, Estonia, Francia, Irlanda, Letonia, Lituania y los Países Bajos arremetieron contra la decisión del Ejecutivo.
«El viernes y la situación que se desencadenó posteriormente fueron muy sorprendentes, y algunos lo calificaron de decepcionante y lamentable», indicaron las fuentes.
Algunos Estados miembros apuntaron «con preocupación» que la Comisión esté convirtiendo en «tendencia» una práctica sancionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ya ha señalado que el Ejecutivo no debe usar sus competencias como «derecho de veto», mientras que otros lamentaron que se haya quebrado la integridad institucional.
Ante el desconcierto general, la presidencia polaca del Consejo ha decidido tomarse un tiempo para analizar los puntos de vista actuales sobre el texto y pasar el testigo a la presidencia rotatoria que estrenará Dinamarca el 1 de julio.
El volantazo de la Comisión en el dossier del ecopostureo llega después de que, en los últimos meses, Bruselas haya flexibilizado los objetivos de CO2 para los coches y furgonetas, haya postergado la entrada en vigor de la normativa contra la deforestación importada y haya limitado el mecanismo que gravará el dióxido de carbono en las fronteras de la UE.
