Londres, 27 jun (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, ha cedido a las fuertes presiones de más de 100 diputados rebeldes sobre sus planeados recortes de las ayudas por discapacidad y ha hecho concesiones para evitar una crisis interna y su primera derrota parlamentaria desde su llegada al poder en julio de 2024.
Más de cien diputados laboristas firmaron una enmienda que anularía el denominado Proyecto de ley de crédito universal y pagos de independencia personal (PIP, en inglés), que busca reformar el estado de bienestar a fin de reducir el abultado presupuesto para este sector y que se votará este 1 de julio en el Parlamento.
Starmer calma las rebelión en sus filas
Tras haber recalcado esta semana que el plan seguiría adelante, el Gobierno comunicó anoche que se harán concesiones, en un intento desesperado por calmar el creciente malestar en sus filas.
Según comunicó el Ejecutivo, las personas que actualmente reciben la ayuda PIP -la prestación para los que sufren de una discapacidad física o mental a largo plazo- continuarán recibiéndola así como los que se benefician del denominado Crédito Universal por razones de salud – un beneficio para quienes necesita ayudas para hacer frente al coste de vida, como el pago del alquiler-.
Las concesiones están contenidas en una carta que la ministra de Trabajo y Pensiones, Liz Kendall, envió a los diputados laboristas.
El Gobierno hizo este anuncio después de intensos contactos con los diputados laboristas en los últimos días para evitar una demoledora derrota la próxima semana en la Cámara de los Comunes (baja).
«Hemos escuchado a los parlamentarios que apoyan el principio de la reforma, pero están preocupados por el ritmo del cambio para quienes ya cuentan con el apoyo del sistema», dijo anoche un portavoz de la residencia oficial del 10 de Downing Street.
«Este paquete preservará el sistema de seguridad social para quienes lo necesitan, dotándolo de una base sostenible, brindará dignidad a quienes no pueden trabajar, apoyará a quienes sí pueden y reducirá la ansiedad de quienes actualmente están en el sistema. Nuestras reformas se sustentan en los valores laboristas y en nuestra determinación de lograr el cambio que el país votó el año pasado», agregó.
El plan era endurecer los requisitos
El paquete original del Gobierno tenía como objetivo endurecer los requisitos para acceder a la ayuda PIP, la principal prestación por discapacidad en Inglaterra, y limitaba el Crédito Universal relacionado con problemas de salud.
En su carta a los diputados laboristas, Kendall admitió que reconoce que «los cambios propuestos han generado incertidumbre y ansiedad. Nos aseguraremos de que todos los que actualmente reciben el PIP permanezcan dentro del sistema actual. Los nuevos requisitos para acceder a él se implementarán a partir de noviembre de 2026 solo para las nuevas solicitudes».
El Gobierno argumentaba que la reforma, considerada una de sus más importantes propuestas, permitiría ahorrar unos 5.000 millones de libras (5.900 millones de euros) al año.
De acuerdo con las autoridades, el Estado gasta actualmente 65.000 millones de libras (76.250 millones de euros) anuales en ese tipo de prestaciones y se proyecta que aumente a 100.000 millones (117.000 millones de euros) para 2029.
El primer ministro y la ministra de Economía, Rachel Reeves, querían seguir adelante con estos drásticos recortes para impulsar el crecimiento económico del Reino Unido y, a su vez, incorporar a más personas al mercado laboral.
Sin embargo, en la enmienda, los laboristas rebeldes argumentaban que las reformas podían dejar a mucha gente en situación de pobreza, que el texto no había sido sometido a consulta y que no se hizo una evaluación sobre el impacto en la salud de las personas.
