Sumar se asegurará de que el pacto sobre inmigración respete los derechos humanos

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y A2030, Pablo Bustinduy (2i), conversa con la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández (d), durante la reunión este viernes en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal

Sevilla, 7 mar (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Sumar), ha señalado que su formación se asegurará de que en la iniciativa sobre inmigración firmada por PSOE y Junts haya “un respeto escrupuloso de las obligaciones” de los derechos humanos adquiridas por España.

En declaraciones a los periodistas este viernes, tras reunirse en Sevilla con la consejera andaluza de Salud y Consumo, Rocío Hernández, el ministro ha insistido en que durante la tramitación parlamentaria de la iniciativa “habrá que escuchar todas las voces” que se planteen en el debate en el Congreso de los Diputados.

“Y desde luego, la función del grupo parlamentario de Sumar va a ser asegurarse de que hay un respeto escrupuloso de las obligaciones en materia de derechos humanos adquiridas por España”, ha subrayado Bustinduy, quien ha añadido que una vez escuchadas todas las posiciones habrá que “negociar como ocurre con todas las normas”.

Ha insistido en que el papel de Sumar será el de “garantizar un pleno respeto escrupuloso de los derechos humanos”, de la misma forma que es prioridad también para su partido que “se lleve a término” la iniciativa legislativa popular para la regularización de personas extranjeras en España.

Según el ministro, “más allá de los aspavientos o de las reacciones iniciales” España necesita una “política coherente” en materia migratoria basada en la defensa de los derechos humanos.

Preguntado por si su formación se daba por aludida con las declaraciones de ayer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no entendía que algunas fuerzas plurinacionales tuvieran dudas sobre el acuerdo con Junts, Bustinduy ha dicho que no le preocupaba “el marco en el que se está dando esta discusión”.

“Creo que hablamos de una delegación de competencias en el marco previsto por la Constitución española y con plenas garantías del cumplimiento de la legislación europea, internacional y del Estado en materia migratoria”, ha dicho el ministro, para quien la medida “entronca con una lógica de descentralización, de autogobierno y de autonomía”

Ha llamado la atención sobre la “falta injustificable de solidaridad con la situación que está viviendo Canarias desde hace más de un año, y a la necesidad de encontrar una solución que respete los compromisos en materia de derechos humanos y de derecho internacional por parte de España”, ha recalcado Bustinduy.

Así se ha referido a las “voces que han salido a protestar” contra una norma que ni siquiera ha empezado a tramitarse, algunas de las que se niegan a alcanzar un acuerdo en esta materia, que es algo que, en su opinión, clama contra la legislación vigente, contra nuestros compromisos y contra el sentido común también.

Ha defendido que la Constitución recoge la delegación de las competencias de inmigración, por lo que cuando los trámites los realiza la administración más cercana “suele redundar en una mayor eficacia y en una mayor cercanía”, de forma que ha admitido que no le preocupa “la lógica general de la descentralización”.

Se ha “aventurado a pensar” a que muchos de los que se oponen por principio a esta delegación “probablemente la acabarán reclamando después, porque esto ha sucedido varias veces”, algo que se adapta a la “lógica del Estado de las autonomías” y sobre lo que ha confesado que no tiene un problema “a priori con ello”.