Washington, 9 jul (EFE).– La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo este miércoles, por ahora, el freno a la polémica ley SB 4-C de Florida, una de las legislaciones locales más agresivas del país contra los inmigrantes, porque convierte en un crimen estatal la entrada de indocumentados al estado.
En una orden sin mayor explicación, la Corte negó la petición del fiscal general de Florida, James Uthmeier, de revocar el bloqueo que ordenó un tribunal inferior para la ley, que criminaliza a inmigrantes indocumentados que lleguen de otros estados, por lo que policías estatales pueden aprehenderlos.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, que representa a los demandantes, consideró que la decisión del Supremo extiende una larga e ininterrumpida “serie de derrotas” que los tribunales han propinado a la ley floridana y otras regulaciones relacionadas en Texas, Oklahoma, Idaho e Iowa.
“Este fallo confirma lo que exige la Constitución: que la aplicación de la ley migratoria es un asunto federal y que nadie debe ser privado de su libertad sin el debido proceso”, declaró Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida.
El fiscal Uthmeier había pedido al Tribunal Supremo intervenir después de que la jueza Kathleen M. Williams, del Distrito de Sur de Florida, declaró al fiscal de Florida en desacato por desobedecer su orden del 18 de abril que suspendió de forma temporal la aplicación de la SB 4-C, impulsada por el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis.
La máxima corte no se pronunció de fondo sobre el asunto, pero la jueza William argumentó en un principio que la legislación «es probablemente inconstitucional», por lo que concedió una orden judicial preliminar mientras continúa el proceso legal.
La ley permite el arresto y encarcelamiento de personas en Florida por ingresar al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito, además de obligar a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares.
Tras su aprobación en febrero, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) y varias personas afectadas presentaron una demanda contra la ley, que consideran inconstitucional porque la política migratoria es competencia del Gobierno federal.
La normativa se ha convertido en símbolo del combate de los estados gobernados por republicanos contra la migración irregular, pues otras entidades han buscado replicarla, por lo que la decisión que tome la Corte Suprema de fondo impactaría más allá de Florida.
Paul R. Chavez, de Americans for Immigrant Justice, dijo que Florida se arriesgó a un aumento de la discriminación racial, violaciones de derechos civiles, aislamiento de las comunidades inmigrantes y deportaciones injustas al intentar adoptar su propio régimen de aplicación de la ley migratoria con la SB 4-C.
“Cuando la policía local se ve envuelta en la aplicación de la ley migratoria, inevitablemente se socava la confianza que esta ha construido con la comunidad inmigrante, lo que en última instancia perjudica la seguridad pública de todos los floridanos”, agregó.
Uno de cada cinco residentes es inmigrante en Florida, donde hay unos 5 millones de nacidos en el extranjero, pero este estado ha sido líder aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, pues DeSantis ha aprobado leyes que obligan a las autoridades locales a cooperar con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
