Buenos Aires, 13 ago (EFE).- Jubilados argentinos llevaron a cabo este miércoles una nueva protesta en las inmediaciones del Congreso en Buenos Aires, en contra de la reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar una ley que ordena un alza en las pensiones, y registraron, una vez más, momentos de tensión con las fuerzas de seguridad.
Con pancartas que repudiaban el veto presidencial, banderas argentinas y mensajes de rechazo al ajuste, decenas de manifestantes se agruparon, como hacen todos los miércoles desde hace meses, en torno a la sede del Parlamento.
La protesta tuvo lugar ante un importante operativo policial, del que participaron la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y la Policía de la ciudad de Buenos Aires.
Dos trabajadoras de prensa, Camila Rey y Yasmin Orellana, fueron detenidas por la Policía mientras cubrían la movilización, según confirmó la agrupación Periodistas Argentinas.
Los manifestantes, que acudieron en un número menor que la última semana, intentaron avanzar hacia el Congreso, pero las fuerzas de seguridad instalaron vallas y les impidieron el paso.
Teresa, una jubilada que cobra una pensión mínima, golpeó las vallas con una cacerola adornada con la imagen del Diego Armando Maradona y con una reconocida frase del fallecido exfutbolista: «Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados».
Ricardo Migliavacca, jubilado de 87 años que se movilizó con un andador, relató a EFE: «Estoy acá con todos los compañeros por la misma razón, por nuestros salarios jubilatorios perdidos, y también por la dignidad perdida. Nos han pasado por encima. En 2023, con lo que cobraba de jubilación podía pagar tranquilamente mis gastos, pero ahora es muy complicado, especialmente la parte alimenticia».
Otro de los asistentes fue Oscar Antonino De Lucía, jubilado de 86 años, que denunció que existe en Argentina «una mala distribución de los recursos»: «Cada vez hay más exenciones para las grandes empresas. Nos están negando lo básico».
También expresó su temor por la violencia policial, algo que se ha repetido en muchas de las protestas semanales de jubilados: «No es que no queramos venir, pero tenemos miedo. Un empujón o golpe a esta edad puede ser fatal, no sabemos cómo salir adelante después».
El miércoles pasado, efectivos de la Policía Federal utilizaron camiones hidrantes y gases lacrimógenos, dejando heridos a varios manifestantes, periodistas y fotorreporteros.
El 63,5 % de los retirados argentinos cobra actualmente la jubilación mínima, que en este mes de agosto será de 314.300 pesos (237 dólares), un ingreso que llegó a los 384.300 pesos (290 dólares) por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde septiembre de 2022 por la situación de emergencia económica que vive el país y cuyo valor está congelado desde marzo de 2024.
Este ingreso margina a los jubilados a la pobreza: una persona con vivienda propia necesita un ingreso no menor a 365.177 pesos (275 dólares) para no ser considerada pobre, según datos oficiales.
Pero, de acuerdo a cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, ese ingreso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza es de al menos 1.200.523 pesos (906 dólares) en el caso de los adultos mayores, cuyos gastos en salud, entre otros, son superiores a los de otros grupos etarios.
Bajo el argumento de que conspira contra su objetivo de «déficit cero», Milei a comienzos de este mes un aumento «excepcional y de emergencia» del 7,2 % para las jubilaciones aprobado el pasado 10 de julio por el Congreso y la disposición de que el bono de refuerzo congelado desde hace más de un año pase a ser de 110.000 pesos (83 dólares).
Ahora el Congreso debe iniciar el proceso para revertir la decisión y dejar firmes las leyes o convalidar la medida del Ejecutivo.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el alza en las jubilaciones tendría un coste fiscal anualizado equivalente al 0,41 % del PIB, y la actualización del bono, un coste del 0,38 %.
Laura Guarinoni
