Ciudad de Panamá, 12 ago (EFE).- Transparencia Internacional (TI) capítulo de Panamá alertó este martes sobre la inconveniencia de aprobar alzas salariales y de jubilaciones a los magistrados del Supremo, y pidió dar prioridad a asuntos clave para el país como mejorar la eficiencia del sistema de justicia.
La Fundación Libertad Ciudadana, que es el capítulo panameño de TI, se pronunció así en un comunicado emitido en medio de la conmoción y el rechazo que ha causado en Panamá la decisión del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de crear un fondo de compensación para asegurarse una jubilación con el 100 % del salario, el cual, además se aumentaron meses atrás de 10.000 a 14.000 dólares mensuales, casi 20 veces el salario promedio del país.
«Consideramos que no es el momento adecuado para aprobar aumentos salariales ni establecer regímenes especiales de jubilación para magistrados. Este tipo de medidas no solo serían inoportunas desde lo económico, sino también arriesgadas desde lo político: podrían minar aún más la confianza ciudadana en nuestras instituciones democráticas y en la imparcialidad del sistema judicial», expresó la ONG.
Argumentó que Panamá vive «un momento económico delicado» con altos niveles de déficit fiscal, presiones sobre el gasto público, una informalidad cerca al 50 % «y una baja recaudación tributaria, factores que limitan la capacidad del Estado para atender prioridades nacionales».
Es en este contexto que TI Capítulo Panamá considera «esencial priorizar el gasto en áreas que beneficien directamente a la ciudadanía y fortalezcan la institucionalidad democrática», una de las cuales es el sistema judicial y su funcionamiento.
«Reconocemos que jueces y magistrados requieren compensación adecuada, que permita atraer a profesionales de calidad y desincentivar prácticas indebidas, pero esto debe ir acompañado de una distribución presupuestaria racional y priorizada», afirmó.
En el caso de los magistrados de la Corte Suprema, la ONG agrega que «su periodo de diez años plantea retos adicionales», pues «saber que deberán reincorporarse al ejercicio privado puede generar presiones y riesgos que afecten su disposición a tomar decisiones difíciles e impopulares pero necesarias».
«Por ello, cualquier debate sobre su remuneración y beneficios debe ser amplio, transparente y vinculado a reformas estructurales que fortalezcan su independencia y compromiso con la justicia, siempre con sentido de proporcionalidad y lealtad hacia el resto del personal judicial», aseveró el capitulo panameño de TI.
El fondo especial previsto en el Acuerdo 407 aprobado por el pleno del Supremo para garantizarse una jubilación igual al 100 % del salario se alimentará de recursos procedentes del presupuesto del Poder Judicial, es decir, del dinero recaudado por el fisco o de más deuda pública.
Ante el aumento salarial aprobado meses atrás por los magistrados del Supremo, sus colegas del Tribunal Electoral aplicaron el principio de la «equiparación» y también se aprobaron un nuevo salario de 14.000 dólares mensuales.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá, Felipe Chapman, dijo este martes que pidió a la Corte Suprema y al Tribunal Electoral que reconsideren el alza salarial aprobada para sus magistrados así como la jubilación especial para los jueces del Poder Judicial, por considerarlas reñidas con el plan de austeridad y disciplina fiscal que impulsa el Gobierno.
«No hay dinero, el país es consciente que nosotros estamos pasando por una situación fiscal difícil», respondió el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, al ser consultado sobre el alza salarial y de jubilaciones de los magistrados.
El contralor general de Panamá, Anel Flores, dijo por su parte que prepara unas «demandas de inconstitucionalidad» contra la resolución del Supremo que crea las jubilaciones especiales, aunque reconoció que estas serán analizadas por los mismos magistrados que la aprobaron.
