Madrid, 9 sep (EFE).- Las medidas anunciadas por el Gobierno contra Israel por lo que califica de «genocidio» de Gaza ya están en vigor, salvo las prohibiciones que afectan al tránsito de buques por puertos españoles y a la importación de productos, que se aplicarán en los próximos días.
El Consejo de Ministros ha tramitado este martes las iniciativas que presentó la víspera el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, contra Israel y que incluyen un real decreto ley que consolida el embargo de armas a Israel.
Sin embargo, ese decreto no se ha aprobado porque aún es preciso ajustar su contenido al ordenamiento jurídico europeo y porque el texto reconoce el Gobierno que es complejo de articular.
Lo que hace esa iniciativa, que deberá ser convalidada por el Congreso, es afianzar el embargo de armas, pero éste ya estaba en vigor, tal y como recuerda el Ejecutivo.
El Gobierno ha informado de que también están en vigor ya el resto de medidas salvo dos, la primera de ella la que prohíbe el tránsito por puertos españoles de barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.
Esta medida requiere una orden ministerial que se prevé que sea dictada esta misma semana.
La segunda decisión que aún debe esperar es el veto a la importación de productos originarios de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, que el Gobierno asegura que empezará a aplicarse en los próximos días.
Pero sí es efectiva ya la prohibición de entrada en España a quienes participen de forma directa en el «genocidio» y que el Consejo de Ministros ha concretado en dos ministros israelíes: el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el de Hacienda, Bezabel Smotrich.
España ya había vetado la entrada a trece colonos judíos, y el Gobierno ha explicado que la lista está abierta y puede incluir a más personas en el futuro.
También está en vigor la prohibición de entrada al espacio aéreo español a las «aeronaves de Estado» que transporten material de defensa destinado a Israel, así como la limitación de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes.
