Madrid, 20 mar (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho alegrarse de oír que las comunidades van a cumplir con la ley de reparto de menores migrantes pero ha pedido que estas reconozcan que es constitucional, tras las amenazas de algunas de ellas de llevarlo a los tribunales.
Así ha valorado Torres, en declaraciones a los medios en el Congreso, las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha asegurado este jueves durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid que acogerá a los menores porque, “aunque no le guste” tienen que “cumplir la ley”.
“A mí me alegra escuchar que se va a acatar la ley, que otra cosa no se puede hacer, espero que esto lleve consigo también que se acepte que este texto es constitucional porque también he escuchado ciertas afirmaciones que pueden llevar a que algunas comunidades lo lleven al Tribunal Constitucional”, ha señalado.
“Este texto es absolutamente constitucional”, ha recalcado, antes de recordar que está avalado por los informes del Gobierno de España, del de Canarias e incorpora aportaciones del Ejecutivo vasco y de los grupos políticos, recogidas cuando se les presentó este texto como una proposición de ley el verano pasado.
En este punto, el ministro ha recalcado que vuelve a tender la mano al PP para que se sume a esta iniciativa, ya que es un partido “que se define de Estado” y esta es “una medida claramente de país”.
Una fórmula con vocación de pervivencia
Preguntado por las afirmaciones de Junts de que esta fórmula de reparto es una medida “temporal” porque se revisará en un año, el ministro ha asegurado que “tiene voluntad de pervivencia y de mantenimiento”.
Ha recalcado que es una medida “para todo el país”, a diferencia de la proposición de ley que se intentó tramitar en el Congreso en el verano pasado, que era solamente para Ceuta, Melilla y Canarias.
“Por eso, cuando uno escucha a la presidenta de Baleares decir que están teniendo una presión migratoria… ¿Qué mejor que aprobar este real decreto ley, que también le daría cobertura si llega una contingencia migratoria a las Islas Baleares, y lo mismo con Andalucía o lo mismo Murcia…”, ha reflexionado.
Por otro lado, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha referido también, en declaraciones a los medios antes de una reunión con Amnistía Internacional, a la vocación de permanencia de la medida y ha señalado que se trata de una fórmula que adapta el sistema de acogida en función de las personas que llegan al país.
Por eso, el real decreto tiene una fórmula que operaría este año y se podría prorrogar el que viene. Posteriormente, los criterios para la acogida podrían volver a “reconfigurarse”, bien por un acuerdo unánime de las comunidades en la Sectorial de Infancia o por una mayoría del Congreso.
Cuestionada sobre qué ocurrirá si llegado el caso no hay acuerdo entre autonomías ni mayoría suficiente en el parlamento, ha apuntado: “Si las mayorías cambian, podríamos estar ante un escenario que cambiara la configuración, pero, en principio, la idea es estabilizar el sistema”.
Rego se ha reunido este jueves con Aminstía Internacional para conocer los resultados de su informe, dado a conocer esta semana, en el que la ONG documenta casos de violencia y excesos en los centros de acogida canarios.
La ministra ha señalado que los elementos “preocupantes” que señala esta publicación se debe fundamentalmente a la saturación de los recursos de Canarias y por tanto, “da sentido” al real decreto ley aprobado el pasado martes.
