Santa Cruz de Tenerife, 26 jun (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado convencido este jueves de que el Tribunal Constitucional -tampoco el Supremo, ha dicho- no tumbará el decreto ley de reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, porque «defiende los derechos humanos», habilita la colaboración con comunidades «en situación de hacinamiento» y porque «es de justicia».
Ha esgrimido que si la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería aprobada en el Congreso hace dos meses no se ha llevado a la práctica, no es porque el Ejecutivo central quiera demorarlo, ya que su voluntad es que el reparto de menores se produzca «cuanto antes», y ha confiado en que en la Conferencia Sectorial de mañana haya avances.
Torres ha recalcado que el decreto ley establecía que la primera Conferencia Sectorial se celebraría en junio y, sin embargo, tuvo lugar en abril pasado, con lo que el Gobierno ha «acortado plazos».
El ministro ha hecho estas declaraciones tras firmar el acuerdo junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, según el cual el Gobierno dará de alta «de manera inminente» en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 menores no acompañados solicitantes de asilo que actualmente son atendidos por la comunidad autónoma.
Ha hecho un repaso de la cronología de la negociación, que «no ha sido fácil», y ha desgranado las premisas acordadas con el Ejecutivo canario para dar cumplimiento al mandato del Tribunal Supremo, al que mañana darán traslado del acuerdo ambos gobiernos.
La primera de esas premisas pactadas es que los menores demandantes de asilo entrarán de manera inmediata en el sistema estatal de acogida con la aportación de unos «documentos esenciales», y a partir de ahí se llevará a cabo una evaluación individualizada de cada chico.
El expediente, ha proseguido el ministro, «puede ser más o menos largo», y en él se determinará si finalmente el solicitante tiene derecho al asilo.
Cada semana, la comisión interadministrativa Canarias-Estado analizará cada caso para ver cuál el «lugar pertinente» donde ubicar a los menores, y con eso se engloba «cualquier lugar de España», incluido el archipiélago.
Torres ha asegurado que el Gobierno de España desconoce cuántos de los demandantes de asilo tienen arraigo en Canarias, pues «la última información» al respecto le corresponde al ejecutivo autonómico, aunque entiende que éste tampoco disponga de esa información en estos momentos pues depende de las entrevistas individualizadas que se les hagan.
En todo caso, ha insistido en que lo que no puede haber es «un doble desarraigo» de los chicos.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, hará sus valoraciones sobre este acuerdo tras la celebración de la reunión del Pacto Canario de la Inmigración, a la que ha sido invitado Torres.
