Buenos Aires, 8 jul (EFE).- Trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad de Argentina se movilizaron este martes frente a la sede central del organismo en Buenos Aires en rechazo a la decisión del Gobierno de Javier Milei de disolver el ente y afirmaron que «es un genocidio para quienes transitan las rutas argentinas”.

“Estamos marchando en repudio al decreto 461, donde disuelven Vialidad Nacional. Este decreto es un genocidio para quienes transitan las rutas argentinas”, aseguró a EFE Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA).

Este martes Milei firmó un decreto por el cual se disuelve la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Las funciones de los organismos disueltos serán absorbidos por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
«El pueblo tiene que decir basta, el pueblo tiene que estar en la calle y tiene que decir lo que hay que decir. Los trabajadores no vamos a cesar en la lucha y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias», añadió Aleñá.
De acuerdo con datos oficiales, en la Dirección de Vialidad Nacional trabajan 5.194 personas. Según Aleñá, el cierre dejaría sin empleo a miles de trabajadores de distintas dependencias ubicadas en todo el país.
Además, alertó que la medida pondría en riesgo la conectividad del país: “Nada va a asegurar que salga la producción, que las provincias puedan hacer turismo o que una persona llegue a tiempo a un hospital”.
Gustavo De Biase, trabajador del organismo, dijo a EFE: “Es un problema por dos lados: por los cinco mil puestos laborales y porque la Argentina queda desvinculada con sus rutas nacionales. Si no estuviera Vialidad, muchas zonas del país quedarían aisladas”.
La Dirección de Vialidad estaba encargada de controlar el cumplimiento de los contratos de concesión de autopistas y carreteras nacionales administradas por empresas privadas.
También realizaba el mantenimiento de las rutas que no están bajo concesión privada, algo por lo que ha habido reiteradas quejas por parte de transportistas y gobiernos provinciales durante los últimos meses dado el mal estado de muchas carreteras estatales, provocado, en parte, por el cese de la obra pública durante el Gobierno de Milei.