Ciudad de Panamá, 26 jun (EFE).- Transparencia Internacional (TI) advirtió este jueves que el extendido «estado de urgencia» en una provincia bananera del Caribe de Panamá, declarado tras una escalada de la violencia durante las protestas y que suspende algunos derechos constitucionales así como las telecomunicaciones, «no autoriza suprimir garantías esenciales».
«Declarar un estado de urgencia para restablecer el orden es legítimo si se usa dentro de las formas y límites del artículo 55. Pero la urgencia no autoriza suprimir garantías esenciales como el habeas corpus, la supervisión judicial o la privacidad de las comunicaciones, ni cortar la conectividad de toda la población, pero sobre todo la información veraz y objetiva», sintetiza el capítulo panameño de Transparencia Internacional.
Así, agrega el comunicado, dicho estado de urgencia «solo autoriza a las fuerzas del orden público a actuaciones que protejan y nunca pongan en peligro a la ciudadanía, y no justifica abusos de ningún tipo».
El Gobierno de Panamá decretó el «estado de urgencia» el pasado 20 de junio en la provincia de Bocas del Toro, la zona bananera del país, tras una escalada de disturbios y violentas protestas desde hace una semana en el marco de unas manifestaciones en contra de una reforma a la Seguridad Social.
Dicho estado de urgencia, que en la víspera fue prorrogado por otros cinco días más, suspende algunas garantías constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, expresión y corte de las telecomunicaciones.
Los disturbios escalaron tras el despliegue policial a raíz de que grupos de manifestantes desconocieran el trato hecho entre los trabajadores bananeros de esa provincia y diputados para levantar los bloqueos viales mantenidos desde abril a cambio de la aprobación de una nueva norma con mayores beneficios laborales al sector bananero.
Transparencia Internacional señaló que «el estado de urgencia no es un ‘cheque en blanco'» inclusive «en emergencia subsisten garantías indispensables». Pero, consideran, la más primordial, «el habeas corpus, consagrado en el artículo 23, que obliga a presentar toda persona detenida de inmediato ante un juez».
«Esta es de vital relevancia en esta ocasión, debido a que los disturbios han dado lugar a múltiples aprehensiones, que requieren de un juez natural para formalizar las medidas de detención preventiva», agregan.
Transparencia Internacional detalla que «lo mismo ocurre con la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones» pues «el decreto no autoriza interceptaciones masivas ni, mucho menos, el bloqueo generalizado de internet o telefonía móvil».
La provincia de Bocas del Toro se convirtió en el epicentro de las manifestaciones en todo el país desde abril contra la ley que reforma la Seguridad Social, al sumarse los trabajadores bananeros en un paro porque consideraron que la nueva norma era lesiva contra la ley que rige sus beneficios laborales. Allí Chiquita Panamá tuvo que cerrar operaciones y despedir a todo sus empleados.
