Santander, 2 ago (EFE).- Cantabria junto a otras 12 comunidades y las Ciudades Autónomas ha enviado una carta a la comisaria europea de Media Ambiente, Jessika Roswall, para trasladarle que los informes sexenales que enviará el Ministerio para la Transición Ecológica sobre el lobo ibérico «no han pasado por Conferencia Sectorial» y pedirle una reunión.
La consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, junto con sus homólogos de Galicia, Andalucía, Asturias, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Navarra, Extremadura, Islas Baleares, Madrid Y Castilla y León, además de Ceuta y Melilla, ha firmado la carta conjunta dirigida a la comisaria de Medio Ambiente de la Comisión Europea.
En ella, se informa acerca de la «insólita situación» que se vive en España en relación con los informes sexenales sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres que, según destacan estas comunidades, debería remitir el Reino de España a las instituciones europeas con fecha 31 de julio de 2025, y que no han pasado por Conferencia Sectorial, «un paso obligado por ley».
En la misiva se detalla que, de acuerdo con la disposición adicional octava de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, para que el Reino de España pueda remitir a las instituciones europeas el informe sexenal, éste ha de ser aprobado por la mayoría de las comunidades autónomas.
Ayer se conoció que el Gobierno central ha solicitado una prórroga a Bruselas, sin especificar su duración, para remitir el informe sobre el estado del lobo correspondiente al periodo 2019-2024.
Sectorial desconvocada
Para cumplir los plazos, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico convocó una reunión de comunidades autónomas, a nivel de direcciones generales, en la que se iba a analizar el informe sobre el estado de conservación del lobo que habría de presentar el Gobierno central.
En esta reunión, que se celebró el 10 de julio de 2025, «se votó por una amplísima mayoría» de las comunidades autónomas un informe realizado por las propias comunidades en el que «se reflejaba de forma clara que el estado de conservación del lobo es favorable».
Posteriormente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico había convocado para el 22 de julio la celebración de la Conferencia Sectorial, a nivel de consejeros, en cuyo seno se iban a valorar los informes sexenales del lobo y otras especies, junto con la discusión de otros nueve puntos del orden del día.
En la carta, se recuerda que la Conferencia Sectorial fue desconvocada de forma unilateral por parte del Ministerio el 17 de julio, basándose en un motivo que, a juicio de las comunidades firmantes, «no justifica la desconvocatoria en ningún caso».
Ese motivo es la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra preceptos de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario por parte del Defensor del Pueblo.
Las comunidades ven «deslealtad institucional»
Por eso, las comunidades trasladan a la comisaria europea que han pedido hasta en dos ocasiones, el 21 y el 24 de julio, que se realizase por parte del Ministerio la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial, con el fin de tratar una serie de puntos que, a su juicio, «eran de extremadamente urgencia».
El Gobierno, según apuntan las comunidades, ha manifestado que no se va a convocar la Conferencia Sectorial. «No hemos votado a favor de un informe que el Gobierno central piensa remitir a la Comisión igualmente, soslayando la ley», advierten estas regiones firmantes que creen que esto es «un claro ejemplo de deslealtad institucional e insostenible».
Por ello, Cantabria y el resto de comunidades que han firmado la misiva solicitan una reunión urgente con la comisaria «ante la gravedad de los hechos que genera una quiebra en el Estado de Derecho» y «una vulneración flagrante del principio de y una profunda indefensión de las comunidades autónomas».
La consejera cántabra dice en un comunicado que esta actitud «demuestra, una vez más, que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza las instituciones a su antojo, menospreciando a los representantes de los gobiernos autonómicos y, de nuevo a los ganaderos».
