Las Palmas de Gran Canaria, 26 sep (EFE).- Treinta y nueve menores africanos que llegaron a Canarias a partir del 29 de agosto, cuando se declaró formalmente la contingencia migratoria en las islas, están en la vía exprés que prevé la reforma de la Ley de Extranjería para salir hacia otra comunidad de acogida en un plazo máximo de 15 días.
El primero de ellos será, probablemente, un adolescente marroquí de 17 años que iba a bordo del ‘pesquero-patera’ que encalló en la costa de Órzola (Lanzarote) el pasado 10 de septiembre, con el que el plazo legal de 15 días expira hoy mismo, viernes, según ha confirmado el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, en rueda de prensa.
El chico ya tiene asignada comunidad de destino -en principio, no se va a hacer pública- y este jueves fue entrevistado para conocer su opinión y sus preferencias. Si no objeta nada razonable, su traslado podría firmarse en las próximas horas.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería estableció que no tiene ningún sentido que aquella comunidad a la que se ha declarado en contingencia migratoria, por tener claramente desbordados sus recursos de acogida de menores, siga tutelando a aquellos que lleguen a sus costas a partir de ese momento.
Esos chicos, dice la ley, tienen que salir hacia otro lugar de España en 15 días, mientras se va gestionando el traslado de los que llegaron antes que ellos, hasta que los recursos de esa comunidad se liberen de la situación de hacinamiento. Para estos últimos, hay cuatro meses desde que se abren los expedientes hasta que se ejecuta el traslado (Canarias ha iniciado por el momento solo 221).
El procedimiento se está estrenando con Canarias, Ceuta y Melilla, aunque no se descarta que Baleares pueda sumarse en un tiempo relativamente corto o medio, si el flujo de pateras hacia sus islas continúa al mismo ritmo observado en los últimos meses.
El delegado de Gobierno, Anselmo Pestana, ha recalcado este viernes que el procedimiento se está estrenando, por lo que ha pedido no dramatizar con los plazos y con si se exceden o no en unos días.
Pestana se ha mostrado confiando en que, cuando el sistema se ruede, los traslados exprés se harán en cuestión de días y ha enfatizado en que el Gobierno de Canarias puede estar seguro de que «tiene un aliado en el Estado» para solucionar el problema de sobrecarga y hacinamiento que soporta su red de acogida de menores.
Los obstáculos «los ponen otros, las comunidades del PP», ha añadido el delegado, que no descarta que algunos expedientes se prolonguen algo más de tiempo precisamente por eso, por las alegaciones y recursos de las comunidades autónomas que han impugnado la reforma de la Ley de Extranjería y que no están de acuerdo con los procedimientos de reparto de la acogida que se han establecido.
Pero hay otro factor en juego: la voluntad del menor, que tiene que ser oído. En este sentido, Pestana ha revelado que la Fiscalía ya le ha comunicado que paralizará los expedientes si el menor en cuestión se opone de una forma razonable a la comunidad que se le ha asignado como destino, porque, por ejemplo, tiene familiares en otra que pueden ayudarle a integrarse. En ese caso, decidirá un juez.
Escuchado el menor y resueltas las alegaciones, Canarias -en este caso- dispone de cinco días para trasladar al muchacho a su nueva comunidad de destino y para entregárselo al organismo autonómico responsable de infancia en ese territorio, que está obligado a habilitarle una plaza de acogida, sin poder alegar que no la tiene.
El delegado ha subrayado que este procedimiento de traslados del nuevo artículo de la Ley de Extranjería (tanto el ordinario como el exprés) puede resultar mucho más ventajoso para Canarias, Ceuta y Melilla que el habilitado por el Tribunal Supremo al ordenar al Estado que se haga cargo de los menores solicitantes de asilo.
Con estos últimos, los Gobiernos de Canarias, Ceuta o Melilla seguirán conservando la tutela sobre esos menores hasta que cumplan los 18 años, aunque residan en un centro de protección internacional de otro lugar, con todas las obligaciones legales que ello comporta.
En los traslados de la Ley de Extranjería, con la entrega del niño o adolescente a su nueva comunidad de acogida, se transfiere también la tutela, que asume el servicio autonómico correspondiente.
