Tres excargos del Gobierno de Ayuso declaran como imputados por los muertos en residencias

El geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo a su llegada a los juzgados en Madrid, este lunes. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado como investigados a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, considerados los autores de los protocolos que bloquearon el traslado al hospital de ancianos desde residencias al inicio de la pandemia. EFE/Sergio Pérez

Madrid, 26 may (EFE).- Los exaltos cargos del Ejecutivo madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, y el doctor Antonio Burgueño, exasesor sanitario de la Comunidad de Madrid, declaran este lunes como investigados ante el juez en la causa por los fallecidos en residencias en la pandemia.

El geriatra Francisco Javier Martínez Peromingo (i) a su llegada a los juzgados en Madrid, este lunes. El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha citado como investigados a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, dos exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, considerados los autores de los protocolos que bloquearon el traslado al hospital de ancianos desde residencias al inicio de la pandemia. EFE/Sergio Pérez

Los tres comparecerán en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, los dos primeros considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño como encargado de elaborar el ‘plan de choque’ anunciado por el Gobierno regional.

Mientras se lleven a cabo sus declaraciones, en la puerta de los juzgados de Plaza de Castilla se manifestarán familiares de las víctimas, convocados por Marea de Residencias, 7291: Verdad y Justicia y Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias), que reclaman justicia y reparación.

El Juzgado de Instrucción 3 de Madrid decidió reabrir el pasado 1 de abril, a petición de la Fiscalía Provincial de Madrid, una causa que se había archivado provisionalmente casi tres años antes.

El origen de esa solicitud de la Fiscalía Provincial está en una denuncia colectiva de 109 familiares de víctimas de las residencias, coordinada por las entidades Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, presentada en octubre del año pasado.

La denuncia se dirigía, entre otros, contra altos cargos del Gobierno de Ayuso por la comisión de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal.