Lima, 3 sep (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú (TC) ordenó este miércoles la excarcelación inmediata de la ex primera ministra Betssy Chávez, quien es procesada por el fallido intento de golpe del expresidente Pedro Castillo a finales de 2022 y que actualmente se encuentra hospitalizada tras acumular doce días en huelga de hambre en protesta por supuestos abusos sufridos en prisión.
El máximo tribunal de garantías de Perú declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por la defensa de Chávez, que pedía su salida de prisión, al argumentar que la ampliación de su periodo de prisión preventiva fue emitida fuera de plazo, una vez que ya se había vencido el periodo inicial en diciembre de 2024, sin que la ex primera ministra fuese puesta en libertad.
La sentencia del TC dispone que el Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia tiene que emitir la resolución de excarcelación de la beneficiaria y dictar las medidas necesarias para asegurar la presencia de la investigada en el juicio que se celebra desde marzo por el intento de golpe de Estado de Castillo, por el que la Fiscalía pide 25 años de prisión para Chávez.
Al haberse vencido el plazo inicial de la prisión provisional por 18 meses, el Tribunal concluyó que correspondía ordenar la liberación o emitir la correspondiente resolución para que siguiese privada de libertad.
«Este tribunal considera imperativo resaltar que no cabe ‘sacrificar’ la libertad de una persona para convalidar la falta de diligencia de los operadores del sistema de administración de justicia. Por el contrario, corresponde tutelar su derecho fundamental a la libertad», apostilló la sentencia.
En este sentido, el TC resaltó que según el Código Procesal Penal, la medida de prisión preventiva tiene como cualidad intrínseca la temporalidad de la misma, de tal manera que si el preso preventivo supera ese límite máximo –a pesar de que subsistan los motivos de su adopción y el proceso continúe pendiente– necesariamente ha de ser puesto en libertad.
Uno de sus abogados, Raúl Noblecilla, celebró la medida dispuesta a favor de la ex primera ministra, que este lunes fue trasladada al Hospital María Auxiliadora, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, en el sur de la capital.
«Justicia y libertad. El secuestro político de nuestra compañera Betssy Chávez llegó a su fin. Hoy conquista su justa libertad, símbolo de la resistencia frente a la dictadura. El pueblo la necesita junto a nuestro presidente Pedro Castillo: unidad para recuperar la democracia», indicó Noblecilla en la red social X.
Huelga de hambre
Chávez, de 36 años, inició una nueva huelga de huelga de hambre seca hace 12 días desde la cárcel de mujeres de Chorrillos, en el sur de Lima, y este lunes fue trasladada a un centro hospitalario «por indicación médica y como medida de prevención», informó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
La autoridad penitenciaria encargada del control y administración de las cárceles peruanas informó explicó que este traslado se produjo para que «reciba un monitoreo constante y se descarte cualquier posible complicación de su salud».
Asimismo, remarcó que, desde el inicio de su huelga de hambre seca, «la interna Chávez ha recibido supervisión permanente del médico penitenciario».
Antes de retomar la huelga de hambre, Chávez dejó un testamento en el que rechazaba recibir cualquier intento de hidratación o reanimación.
Chávez retomó su huelga de hambre en protesta por los presuntos maltratos que denuncia recibir de las autoridades penitenciarias y como medida de presión para solicitar el traslado de cárcel de ella y otras dos reclusas al considerar que su integridad está amenazada.
Sin embargo, el Inpe respondió que no existen pruebas de los malos tratos que Chávez aduce haber recibido por parte de las autoridades de la cárcel de mujeres de Chorrillos, mientras que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) constató quejas por parte de otras reclusas sobre el comportamiento de la ex primera ministra dentro de la prisión.
Un golpe sin efecto
Tanto Chávez como Castillo son procesados por el intento de golpe sucedido el 7 de diciembre de 2022, que derivó en la destitución del exmandatario, y afrontan solicitudes de penas por parte de Fiscalía de 25 y 34 años de cárcel, respectivamente.
Castillo dio un mensaje a la nación donde anunciaba el cierre del Congreso y la intervención de la Judicatura para gobernar a través de decretos, ante la posibilidad de que el Parlamento votase ese día una moción de vacancia (destitución presidencial) contra él.
Su mensaje no surtió efecto, ya que minutos después fue detenido por la Policía cuando se dirigía aparentemente a la Embajada de México en Lima, mientras el Congreso votó inmediatamente su destitución y la sucesión en el cargo de su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
