San Salvador, 21 ago (EFE).- La Administración de Donald Trump en Estados Unidos se ha convertido en el principal escudo internacional del presidente Nayib Bukele, respaldando una reciente reforma constitucional que habilita la reelección presidencial indefinida y desestimando las denuncias de violaciones a los derechos humanos en El Salvador, frente a las críticas de organismos internacionales y locales.
El acercamiento entre ambas administraciones, impulsado principalmente por un acuerdo de deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde EE.UU. por supuestamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, ha llegado al nivel que analistas y organizaciones consideran que han violado derechos humanos de manera conjunta.
Así, la organización Cristosal apuntó recientemente que «en este escenario se ubican dos Estados actuando de forma coordinada para cometer graves violaciones a los derechos humanos, en desprecio de la dignidad de las personas».
Una relación «recuperada»
Antes de que Trump regresa al poder, que llegó a decir durante su última campaña electoral que la reducción de los homicidios en El Salvador no se debían a una política de seguridad, sino a que estaban «enviando a sus asesinos a Estados Unidos», la relación con la Administración del demócrata Joe Biden pasó por momentos tensos y finalmente tuvo acercamientos.
Por ejemplo, Bukele criticó la política exterior del país norteamericano en un mensaje dirigido a Juan González, principal asesor del Gobierno de Biden sobre Latinoamérica.
«Por favor, mantengan alejada su ‘democracia’ de nuestro país», publicó Bukele en X.
De acuerdo con el mandatario salvadoreño, con la llegada del embajador William Duncan en febrero de 2023 se dio el cambio, después de que en años anteriores el Gobierno de Estados Unidos había incluido en una lista de «actores corruptos y antidemocráticos» a varios funcionarios del círculo cercano del mandatario, algunos señalados de supuestamente participar en acuerdos con las pandillas.
Ese mismo año, en septiembre, EE.UU. condenó la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con jueces nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso cuestionado, que habilitó la reelección inmediata de Bukele en El Salvador.
«Yo sinceramente no tenía mucha expectativa de lo que podía hacerse, de ahí en adelante empezamos a hacer, a solicitud de él (Duncan), pequeñas cosas que fueron arreglando la relación (con EE.UU.) y fue gracias al embajador Duncan», dijo el mandatario a finales de julio de este año cuando condecoró al embajador al retirarse de El Salvador.
EE.UU. desestima denuncias de atropellos
La muestra de respaldo más reciente de Estados Unidos a la Administración de Bukele se dio con la publicación del más reciente informe de derechos humanos, en el que se afirmó que «no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos», a diferencia del informe de 2023 bajo la Administración de Biden, que sí reportó casos de tortura y malas condiciones penitenciarias.
En declaraciones a EFE, Celia Medrano, defensora de derechos humanos, dijo que el Gobierno de Trump actualmente «se ve francamente cuestionado en su propia casa sobre el respeto a principios democráticos y de derechos humanos».
«El caso de El Salvador, un aliado en violaciones a derechos humanos no solo contra el periodismo crítico y defensores de derechos humanos salvadoreños, sino contra personas migrantes de otras nacionalidades como más de 250 migrantes venezolanos víctimas de malos tratos, torturas e incluso agresiones sexuales en cárceles salvadoreñas», apuntó.
Subrayó que el informe deja ver que para el Departamento de Estado de EE.UU. «no es realmente importante si se violan derechos humanos en un país, sino que es más importante si el gobierno del país que se evalúa responde a los intereses de Estados Unidos o no».
Respaldo a la reelección presidencial indefinida
El 5 de agosto pasado, el Gobierno de Estados Unidos expresó además su respaldo a la reforma constitucional, aprobada y ratificada de manera exprés por el Congreso salvadoreño de mayoría oficialista, que avala en El Salvador la reelección indefinida del presidente, lo que deja vía libre a Bukele para optar a un tercer mandato.
«La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país», declaró un portavoz del Departamento de Estado a EFE.
Además, rechazó la comparación de El Salvador «con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región».
La oposición salvadoreña y organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), criticaron la reforma al considerar que erosiona la democracia del país para perpetuar a Bukele en el poder, comparando la situación con la de Nicaragua o Venezuela.
Hugo Sánchez
