Madrid, 27 may (EFE).- Cuando se cumple este miércoles el primer aniversario del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de España, el Gobierno se reafirma en su decisión y ahora pisa el acelerador con la presión a la comunidad internacional para sumar a más países y con nuevas medidas que fuercen a Israel a parar la guerra en Gaza.
Por eso, en la reunión del pasado domingo del Grupo Madrid +, que congregó a una veintena de países europeos y árabes más Brasil que promueven la solución de dos Estados, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defendió, entre otras cosas, la suspensión inmediata del acuerdo de asociación entre la UE e Israel y decretar un embargo de la venta de armas al Estado judío.
Este aniversario se celebra en un momento en el que la ofensiva de Israel en Gaza, tras los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023, marca buena parte de la agenda política internacional y nacional y es uno de los motivos habituales de la confrontación partidista a derecha e izquierda.
Al reconocimiento del Estado palestino el 28 de mayo de 2024 con las fronteras de 1967, un paso que España dio de forma coordinada con Irlanda y Noruega, siguió la ira del Gobierno israelí y el deterioro de las relaciones bilaterales, hasta el punto de que Tel Aviv retiró a su embajadora de Madrid y no ha vuelto.
El presidente, Pedro Sánchez, que tomó esta decisión por razones “de paz, justicia y coherencia”, defendió entonces y sigue manteniendo que la única vía posible al conflicto en Oriente Medio es la solución de dos Estados, Israel y Palestina, en su caso con un corredor que comunique Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Este como capital y con la Autoridad Nacional Palestina al frente.
La decisión de España no ha implicado la apertura de una embajada en Palestina y, por tanto, las relaciones diplomáticas se han estado llevando a cabo a través del consulado en Jerusalén Este.
Durante todo este año, España no ha cejado en impulsar una conferencia internacional de paz sobre Oriente Medio y se ha ido involucrando cada vez más en la causa palestina, como ha quedado reflejado en los pasos que está dando el Ejecutivo, que también quiere que la Conferencia de Naciones Unidas del 17 de junio en Nueva York sea “un gran movimiento” de reconocimiento del Estado palestino para que aquellos países que no lo han hecho lo hagan.
Otro ejemplo de la implicación de nuestro país es su apoyo inequívoco a la Corte Penal Internacional, que ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros miembros de su gabinete por crímenes contra la humanidad, o su reciente participación en la cumbre de la Liga Árabe, donde se comprometió a impulsar con Palestina una resolución para parar la guerra en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria.
Por todo ello, el Ejecutivo se considera abanderado en Europa del reconocimiento de Palestina como Estado, que ayudará, entre otras cosas, “a construir un Mediterráneo más seguro y estable”, dijo en su día el presidente, y abanderado también de la causa de Gaza, donde la ofensiva israelí ha causado más de 54.000 muertos, la mayoría civiles, y de ellos más de 16.200 niños.
Estas cifras, junto a la situación de hambruna provocada por el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, parece estar removiendo a la Unión Europea, que la semana pasada aceptó revisar el acuerdo de asociación con Israel, tras una petición respaldada por 17 de los 27 socios, entre ellos España, que ya hace un año lo había solicitado junto a Irlanda.
También la semana anterior, el Congreso, con el apoyo de los socialistas, aprobó el inicio de la tramitación de una ley promovida por Sumar y otros grupos para permitir el embargo del comercio de armas a países que cometan genocidios, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, como Israel, aunque el Gobierno reconoce que habría complicaciones para su aplicación.
Aunque al mismo tiempo, se ha visto obligado a dar explicaciones por unos contratos de compra de armamento a empresas israelíes, 46 por valor de más de mil millones de euros, según algunas fuerzas de la izquierda, firmados después de que Israel iniciara la guerra en la Franja pese a su compromiso de no hacerlo, entre ellos uno de adquisición de munición a una empresa israelí, que fue cancelado el mes pasado tras hacerse público.
