Manila, 20 mar (EFE).- Un comité del Senado de Filipinas encabezado por políticos afines al expresidente Rodrigo Duterte comenzó a interrogar este jueves a altos oficiales del Gobierno y cuestionó la legalidad del arresto del exmandatario acusado de crímenes contra la humanidad, y su posterior envío a La Haya siguiendo una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI).
“¿Cuándo Filipinas se convirtió en una provincia de La Haya?”, se preguntó la senadora Imee Marcos, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta del Congreso filipino e impulsora de la sesión. A pesar de ser la hermana del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., Imee es una firme defensora del clan Duterte.
La senadora cuestionó la legalidad de la detención del expresidente el martes de la semana pasada, y prometió que “si realmente hay irregularidades, nos aseguraremos de establecer salvaguardias para que esto no vuelva a ocurrir”.
Un examen de la legalidad del arresto y posterior traslado a La Haya que Bong Go, también senador y aliado del expresidente, lamentó porque “parece que llega muy tarde” y no podrá zafar a Duterte de la custodia de la CPI.
Durante la sesión, Imee Marcos cuestionó repetidamente el papel de las autoridades filipinas en la detención de Duterte, siguiendo una orden secreta de la CPI y en colaboración con Interpol.
“Estoy un poco perpleja”, señaló la senadora, tras mostrar numerosas intervenciones de su propio hermano afirmando en los últimos años que la CPI carece de jurisdicción en el país asiático, después de que Duterte retirara al país del Estatuto de Roma que gobierna el tribunal en 2019.
El expresidente trató así de escapar a una investigación sobre la sangrienta guerra contra las drogas que promovió durante su mandato, entre 2016 y 2022, que dejó unos 6.000 muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía, aunque ONG locales elevan la cifra hasta las 30.000.
El tribunal consideró que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI. El secretario de Justicia filipino, Jesus Crispin Remulla, afirmó que el país asiático siguió el “derecho internacional humanitario” a la hora de colaborar con Interpol en el arresto de Duterte, sin llegar a interactuar con la CPI.
“Nunca ayudamos a la CPI, nunca estuvimos en contacto con ellos”, añadió.
El martes de la semana pasada, Duterte fue arrestado en Filipinas y trasladado a La Haya después de que la CPI ordenara su detención al acusarlo del crimen de lesa humanidad de asesinato en el marco de su guerra contra las drogas.
Duterte compareció el pasado viernes ante la CPI, una sesión en la que se le informó de sus derechos y del crimen del que se le acusa, antes del comienzo oficial del juicio el próximo 23 de septiembre. EFE
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