Madrid, 10 feb (EFE).- El etarra Patxi Xabier Makazaga, Txema, condenado a 43 años de prisión como miembro del comando Buruntza, ha asegurado que el exjefe de ETA Ibon Fernández Iradi, Susper, que se enfrenta a 30 años de cárcel por depósito de explosivos y tenencia de armas, captaba militantes pero estaba “incapacitado” para llevar armas, explosivos o coches por sus problemas físicos.
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Susper por un delito continuado de tenencia y depósito de sustancias explosivas, otro de depósito de armas de guerra y un tercer delito de depósito de armas de fuego, penado cada uno con 10 años de cárcel, según recuerda el escrito de la Fiscalía, que apunta que el acusado ya ha sido condenado en Francia por su pertenencia a ETA.
Por los mismos hechos que se juzga a Susper fueron condenados a 43 años de prisión en 2003 los miembros del comando Buruntza que este lunes han declarado como testigos: Ibón Echezarreta Echániz, Potxolo; Luis María Carrasco Aseguinolaza, Luze; y Patxi Xabier Makazaga, Txema, además de Ainhoa García Montero, Laia, que fue pareja de Susper y también fue condenada a 22 años por integrar el citado comando.
Todos ellos han ratificado a la sala que conocían a Susper, que ha solicitado declarar al término de las testificales, de ser militante de ETA, aunque ha sido el etarra Patxi Xabier Makazaga, Txema, quien ha detallado que a principios del año 2000 ambos salieron de Francia y fueron conducidos hasta una vivienda en la localidad guipuzcoana de Zizurkil que, según sostiene la Fiscalía, fue el centro de operaciones del citado comando.
En esa vivienda, un piso del paseo de Bulandegui, fue hallado abundante material explosivo (nueve barras de Titadine de 2.800 gramos cada una y 56 de 2.500 gramos) y material para su utilización, así como varias granadas, seis subfusiles, cuatro pistolas, una escopeta y munición, entre otros efectos.
El miembro del comando Txema ha señalado que Susper tenía responsabilidad sobre el comando en cuestiones logísticas de captar militantes o buscar viviendas, pero no de llevar armas o explosivos por “sus problemas en un brazo”.
De hecho, ha llegado a decir que tras refugiarse ambos en esa vivienda, Susper la abandonó a las tres semanas y se escondió en el piso de Laia en San Sebastián y que allí acudía a rehabilitación por sus problemas de movilidad en un brazo.
Desde hace más de una década, el histórico etarra, de 52 años, padece esclerosis múltiple. En 2022 logró ser trasladado desde la cárcel de Lannemazan (suroeste de Francia) a la prisión de Martutene en San Sebastián.
Según ha declarado Laia, Susper huyó de San Sebastián a principios de 2001. Un año después fue arrestado en Francia y descubierta una ingente documentación manuscrita (fue bautizada como los papales de Susper) que recogía información sobre miembros de la banda legales colaboradores y taldes que operaban a sus órdenes en el País Vasco, Navarra y el sur de Francia.
Ibón Echezarreta Echániz, Potxolo y Luis Carrasco han explicado a preguntas del fiscal y de la abogada de Susper que ya se ocultaba ese material explosivo antes de la llegada de Susper y que el etarra visitó unas dos o tres veces con Laia la vivienda para reunirse con Carrasco.
El piso del comando era un polvorín
Más de una decena de agentes han ratificado los informes que se realizaron en la causa, como el emitido sobre el análisis de las placas de matrícula sustraídas y falsificadas posteriormente por una troqueladora que habitualmente empleaba ETA o el elaborado tras el registro del domicilio.
Uno de los agentes que instruyó el atestado, la desarticulación del comando Buruntza en agosto de 2001, ha señalado que la vivienda era “un polvorín”, en alusión a la cantidad de explosivos y armas que se almacenaban y que de un manual sobre cómo robar vehículos se extrajeron dos huellas de Susper.
Otros funcionarios han testificado sobre el registro en otra vivienda en Lasarte donde también se intervino documentación y material explosivo, además de un Ford Fiesta en el garaje con las placas dobladas. En este lugar, los agentes, según han explicado, hallaron una “gran cacerola” de las que la banda empleaba en coches-bomba.
A los miembros de este comando, que actuaba principalmente en Guipúzcoa, se les atribuye, entre julio de 2000 y agosto de 2001, la autoría de una veintena de atentados en los que siete personas fueron asesinadas.
Se les considera responsables de los asesinatos del ex gobernador civil de Guipúzcoa Juan María Jáuregui; del empresario vasco José María Korta; de dos trabajadores de la empresa Elektra; del director financiero del Diario Vasco y del ertzaina Mikel Uribe.
Asimismo, se les atribuye el envío de un libro-bomba al decano del Colegio de Abogados de Guipúzcoa José María Muguruza; el intento de asesinato del periodista Gorka Landáburu; y el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo.
