Brasilia, 10 jun (EFE).- El exministro de Justicia Anderson Torres admitió este martes ante la Corte Suprema de Brasil que en los días finales del Gobierno de Jair Bolsonaro las propuestas de golpe eran «recurrentes», pero negó que alguna de ellas fuera considerada.
Torres declaró en calidad de acusado sobre un borrador de un decreto encontrado en su casa en medio de las investigaciones, que sugería declarar estado de sitio, intervenir la Justicia electoral y anular la victoria en las urnas del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, a fin de mantener en el poder a Bolsonaro.
En relación a ese borrador, dijo que era un «papel» que recibió de alguna persona que no supo identificar y que era una de las «muchas» propuestas similares que circulaban en el Gobierno, sobre las cuales aseguró que siempre eran apócrifas.
«Era recurrente en esos días» y «otras autoridades también recibieron papeles similares», pero todos eran desconsiderados, afirmó.
En su caso particular, dijo que llevó ese «papel» a su casa con la intención de «descartarlo», pero que luego no lo hizo y quedó entre otros documentos hallados por la Policía Federal cuando allanó su residencia en el marco de las investigaciones.
El exministro calificó su descuido al no haberlo «destruido» de «fatalidad» y aseguró que en ningún momento llegó a discutir sobre planes golpistas con Bolsonaro, jefes militares u otras autoridades.
A finales de 2022, tras las elecciones de octubre de ese año en las que Lula se impuso a Bolsonaro, Torres dejó el Gobierno y pasó a desempeñarse como secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia.
Estaba en esa función el 8 de enero de 2023, cuando una semana después de la investidura de Lula miles de bolsonaristas invadieron las sedes de los tres poderes en un intento llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar al líder progresista.
Sin embargo, dos días antes había viajado con su familia hacia Estados Unidos y reconoció que cuando supo del asalto a Brasilia estaba con sus hijas «en un parque de Disney».
Negó que se haya omitido de sus funciones y garantizó que había dejado un «protocolo de seguridad» que debía cumplirse en caso de que las personas acampadas frente a un cuartel del Ejército, al que le exigían derrocar al nuevo Gobierno, avanzarán hacia el corazón del poder en Brasilia, como finalmente ocurrió.
«Hubo fallas graves en el cumplimiento del protocolo», reconoció ante los jueces de la Primera Sala del Supremo.
También negó que hubiera mantenido una campaña sobre supuestos fraudes en las elecciones de 2022 y garantizó que solo sugería que el sistema electrónico de votación podía ser «mejorado».
Después de Torres, declarará el general de la reserva del Ejército Augusto Heleno, una de las voces más radicales de la ultraderecha, quien fue titular del Ministerio de Seguridad Institucional, aunque ya ha anticipado que se aferrará a su derecho de permanecer en silencio.
Bolsonaro declarará inmediatamente después de Heleno y los interrogatorios concluirán con los generales de la reserva Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, y Walter Braga Netto, en 2022 candidato a vicepresidente del líder de la ultraderecha y quien está en prisión preventiva, acusado de intentar obstruir la investigación.
