Madrid, 22 abr (EFE).- El fiscal Joaquín González ha discrepado de sus superiores al considerar que la Audiencia Nacional debe imponer menos condena que la solicitada oficialmente por la Fiscalía a una acusada de autoadoctrinamiento terrorista, detenida en 2023 en Vitoria, que ha reconocido los hechos en el juicio.
La Audiencia Nacional ha acogido este martes el juicio a esta mujer, de nacionalidad española y origen peruano, que fue arrestada en posesión de más de 90.000 imágenes y 2.000 vídeos de material yihadista y que en un principio afrontaba una petición de 5 años de prisión.
Está acusada de consumir material yihadista para autocapacitarse, y de difundir estos archivos “contribuyendo a los fines de la organización terrorista Dáesh”, aunque no se han identificado terceras personas que se hayan adoctrinado como consecuencia de su actividad.
Según la tesis de la Fiscalía, la acusada culminó el proceso de capacitarse y asumió el “decidido compromiso personal de convertirse en una colaboradora al servicio de las acciones terroristas” y de viajar con sus hijos a un territorio controlado por el terrorismo.
Actualmente se encuentra en libertad provisional, aunque tras ser detenida se decretó su prisión provisional y se suspendió su patria potestad sobre sus cuatro hijos, que quedaron bajo custodia de su padre.
Tras reconocer la acusada los hechos -salvo las alusiones a la formación militar realizadas en el escrito del Ministerio Público-, el fiscal ha modificado sus conclusiones y ha rebajado la petición de 5 a 2 años de prisión, además de un año de libertad vigilada.
El fiscal ha eliminado las referencias militares de su escrito y ha subrayado que la acusada ha reconocido los hechos, ha mostrado su arrepentimiento y ha expresado su voluntad de renunciar “de manera irreversible a continuar con cualquier acto de apoyo al terrorismo islámico, condenando expresamente dicho movimiento”.
La defensa, por su parte, ha discrepado de las penas reclamadas, y ha solicitado un año de prisión y ninguno de libertad vigilada.
Ha sido en el turno del informe, cuando el fiscal Joaquín González ha anunciado que, “por primera vez” en su “dilatada trayectoria”, aludía al artículo 25 del Estatuto Fiscal y discrepaba de las “instrucciones” recibidas por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, que considera que no se debe bajar más de dos años la petición de pena.
Dicho artículo establece que “el fiscal que reciba una orden o instrucción concerniente al servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes pero podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que crea conveniente al bien de la justicia”.
Durante su exposición, el fiscal ha defendido “a título personal” que, según su criterio, procedería imponer a la mujer una pena de un año de cárcel y ninguno de libertad vigilada al considerar, “con respeto” a sus superiores, que ha desaparecido la peligrosidad y que no está justificada dicha medida de seguridad.
Y para fundamentarlo ha recordado una sentencia de la Audiencia Nacional de un caso similar en el que la Sala de Apelación impuso dicha pena.
La defensa, por su parte, se ha adherido “íntegramente” al informe expuesto por el fiscal.
