Lima, 23 sep (EFE).- Un grupo de congresistas peruanos presentaron este martes una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien ya fue censurado hace seis por el Parlamento en su anterior gestión como titular del Interior por su supuesta «incapacidad» para combatir el aumento del crimen organizado.
El documento cuenta hasta el momento con la firma de 35 congresistas de diversas bancadas que sostienen que Santiváñez no es «idóneo» para desempeñar el cargo.
«Atendiendo a las consideraciones precedentes, se evidencia que el ministro de Justicia y Derechos Humanos ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar un sector tan crucial como el de Justicia y Derechos Humanos», reza la moción que será debatida y votada próximamente en el pleno.
El documento tiene las firmas de congresistas de bancadas de distinta ideología, por ejemplo aparecen las rúbricas de las parlamentarias progresistas Susel Paredes y Ruth Luque, del Bloque democrático popular; de Álex Flores, de la Bancada socialista; y también de los ultraconservadores Patricia Chirinos, de Renovación Popular; y Héctor Acuña, de Honor y Democracia, entre otros.
«Su permanencia en el cargo supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y a la vigencia del Estado de derecho en el Perú», señala la moción.
Santiváñez, quien es considerado el ministro más influyente dentro del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, es conocido por haber sido abogado de policías procesados por violaciones a los derechos humanos, así como del agente Miguel Marcelo Salirrosas, que fue condenado en 2020 a 27 años de cárcel por integrar una banda criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en la ciudad norteña de Trujillo.
Última polémica
El domingo 14 de septiembre, los programas periodísticos de televisión Panorama y Punto Final difundieron una serie de audios en los que se escucha una supuesta conversación mantenida el año pasado entre Santiváñez y el primer ministro, Eduardo Arana, cuando ambos eran ministros del Interior y de Justicia, respectivamente.
Según ese audio, Santiváñez llama a Arana para recordarle que le había pedido el cambio de lugar de un policía encarcelado por integrar una organización criminal, al que defendió cuando ejercía como abogado.
El pasado viernes, los programas Latina Noticias y Cuarto Poder, difundieron otros audios en los que se escucha al ministro hablar con una mujer a la que le dice que recibió un dinero para «adelantar el tema», pero que él no se quedó con «ese honorario», sino que lo entregó.
Según Latina Noticias, esta conversación se refería a un presunto soborno de 20.000 dólares que la Fiscalía considera que el actual ministro recibió para influir en una decisión del Tribunal Constitucional (TC) a favor de un cliente.
El ministro Santiváñez afirmó, tras la emisión de dichos programas, que no existe «ninguna conducta criminal» en la serie de audios publicados y agregó que «presumiblemente forman parte de una carpeta» fiscal donde está siendo investigado por tráfico de influencias «y que se supone que están lacrados».
Consideró, por ese motivo, que la entrega de los audios a la prensa es parte del «actuar criminal» de los fiscales del caso y acusó a «pseudoperiodistas de investigación» de convertir las tesis del Ministerio Público en una «supuesta investigación».
Por su parte, el primer ministro Arana afirmó este miércoles ante una comisión del Congreso que «no reconoce» el audio en el que supuestamente realiza coordinaciones con Santiváñez, para favorecer a antiguos clientes de este último cuando ejercía como abogado.
«No reconozco ese audio», replicó Arana en varias ocasiones al ser interrogado por los integrantes de la Comisión de Fiscalización sobre la veracidad de esa información y sostener que el audio ha sido «deliberadamente puesto en la escena pública con el propósito de afectar» las labores del Ejecutivo.
