Madrid, 30 jun (EFE).- El último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales afirma que 20 millones de españoles, el 42 % de la población del país, vive en comunidades autónomas con servicios sociales «débiles o irrelevantes».
Son Cantabria, Madrid, Murcia, cuyos Servicios Sociales son calificados como «irrelevantes»; y Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Galicia, donde son considerados «débiles»; mientras en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Extremadura y La Rioja obtienen un «medio bajo», en Navarra un «medio» y en Castilla y León y País Vasco un «medio alto».
El estudio de 2024 de la situación de los servicios sociales por comunidades autónomas confirma que el Sistema está «ampliamente consolidado», ya que todos los territorios cuentan con una ley que reconoce derechos subjetivos, 14 disponen de un catálogo de servicios que desarrolla y concreta esos derechos, 15 tienen integrada la Atención a la Dependencia en sus servicios sociales y en 10 existe una planificación estratégica vigente.
Y aunque la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios (9 de 14) mejoran respecto al año anterior, los autores del informe consideran «preocupante» el «escaso» desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización promovida por el Ministerio.
Grandes diferencias territoriales, gran desigualdad de oportunidades
Como ocurre año tras año, la asociación encuentra «grandes diferencias entre territorios» que advierte de que suponen una «gran desigualdad de oportunidades reales» para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas en función del lugar de residencia.
Comunidades con régimen foral aparte -Navarra y País Vasco-, existen diferencias «tan importantes», dice, como las que separan a Extremadura, con 713,7 euros por habitante y un 3,03 % del PIB regional destinado a Servicios Sociales, y Madrid, con 405,3 euros y un 0,95 %.
Otros casos de diferencias que destaca el informe son que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior al de Navarra (494) o que el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (58,1 %) ni siquiera es comparable al de Castilla-La Mancha (0,35 %).
También, que el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores (sobre mayores de 75 años) es tres veces superior en Castilla y León (11,8 %) que en Murcia (3,8 %); o que Andalucía, con 21,2 servicios de ayuda a domicilio por cada 100 personas mayores de 75 años, ofrece una cobertura 24 veces mayor que Extremadura (0,9 %).
En el mismo sentido menciona que la cobertura del servicio de teleasistencia es del 34,5 % sobre personas mayores de 75 años en Andalucía, 6,6 veces más que en Canarias (5,2%).
Solo la Teleasistencia muestra una cierta evolución positiva
Por servicios, el informe apunta que la cobertura de Ayuda a Domicilio apenas ha variado un punto desde el año 2010, del 4,7 % al 5,7 % de personas mayores de 65 años, y su intensidad es también muy baja, con una media de 21,1 horas mensuales, sólo 4,2 más que en 2010.
Respecto a la Ayuda a Domicilio como prestación de derecho en el Catálogo de la Dependencia, dice que su intensidad media es de 35,65 horas/mes: 17,4 horas para los dependientes Grado I, 39,8 para los Grado II y 60,2 para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente.
La cobertura de Centros de Día muestra una «escasa o nula evolución» desde 2010, aunque en el último año muestra un repunte por primera vez, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10; en tanto que la Teleasistencia es el único servicio que muestra una cierta evolución positiva en estos 13 años hasta situarse en el 11,1 % de las personas mayores de 65 años.
A su vez, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que contempla el Catálogo de la Dependencia, la perciben el 41,9 % de las personas beneficiarias, con un importe medio mensual de 264,11 euros, una cuantía que califica como «insuficiente» para que los familiares asuman el cuidado en casa de personas que necesitan apoyos continuados para todas las actividades básicas de su vida diaria.
