San Sebastián, 10 jul (EFE).- La plataforma Stop Desahucios de Gipuzkoa ha denunciado este jueves la crítica situación de una matrimonio y su hijo de 10 años, al borde del desahucio de su vivienda de alquiler de Errenteria (Gipuzkoa) por una confusión de nombres entre la madre afectada y otra persona con sus mismos nombre y apellidos.
Según ha explicado la portavoz de este colectivo Rosa García en una rueda de prensa, la confusión entre ambas mujeres ha conducido a un juez de San Sebastián a considerar que la familia afectada no se encuentra en situación de vulnerabilidad, ya que la persona con la que supuestamente se ha producido la confusión tiene tres propiedades fuera de Euskadi.
Ante esta situación miembros de Stop Desahucios se han reunido este jueves ante el Palacio de Justicia de San Sebastián en apoyo de la familia afectada, en una comparecencia en la que también han participado distintos dirigentes institucionales de EH Bildu, Sumar, Podemos y Ezker Anitza-EB.
Expediente de vulnerabilidad
Durante el acto, Rosa García, ha explicado que el lanzamiento se debe a una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Sebastián que ordena el desalojo, tras rechazar el expediente de vulnerabilidad presentado por el abogado de la familia basándose en el decreto de suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre para inquilinos vulnerables.
García ha aclarado que este juzgado no ha admitido varios recursos de reposición ni tampoco un reciente recurso de amparo ante la Audiencia Provincial, denegado también por no poder consignar en el juzgado la deuda que acumula esta familia, cuyos únicos ingresos de 1.309,25 euros provienen del Salario Mínimo Vital.
La dirigente de la plataforma ha señalado que todo ello obedece a la mencionada confusión que hace que una persona con los citadas propiedades ya no sea considerada vulnerable.
Ante esta situación, el pasado 8 de julio los inquilinos presentaron en el Tribunal Constitucional en Madrid un último recurso por «indefensión y discriminación por motives económicos», sin que por el momento se conozca si finalmente se suspenderá el lanzamiento acordado.
Por esta razón, ante el riesgo de que finalmente el desalojo se lleve a cabo, STOP Desahucios ha solicitado al Ayuntamiento de Errenteria que intermedie ante los demandantes, Caixabank-BuildingCenter SAU, con el fin de que sean ellos quienes soliciten al juzgado la suspensión del lanzamiento y poder negociar una solución habitacional para esta familia que vive en un municipio declarado tensionado.
Compra de vivienda
La situación por la que atraviesa el matrimonio afectado, que ha estado presente en la concentración, se remonta al año 2006, cuando firmó una hipoteca de 245.373 euros para comprar su vivienda.
Según ha recordado STOP Desahucios, tras la crisis económica y la imposibilidad de afrontar los pagos, en 2018 firmó una dación en pago con alquiler social con el banco, que cedió en el mismo acto la propiedad de la vivienda y la deuda a la entidad BuldingCenter SAU.
Poco después, ya en época de pandemia, los arrendatarios no pudieron hacer frente al alquiler y en 2021 se inició una demanda de desahucio que no obstante fue suspendida en un primer momento en función del decreto para inquilinos vulnerables.
No obstante, ahora un nuevo juez ha revocado esta decisión, por entender entre otros argumentos que la madre de la familia tiene tres propiedades fuera de Euskadi «al confundirla con otra persona con su mismo nombre y apellidos».
