Bangkok, 2 sep (EFE).- Un profesor de 31 años ha sido acusado de abusar sexualmente de 23 niños a los que dictaba clases en una escuela primaria situada en la isla de Sumatra, un caso por el que el Gobierno de Indonesia anunció este martes que reforzará las medidas de protección en las instituciones educativas.
Según reseña la agencia estatal Antara, los padres de los 23 menores denunciaron al docente, que impartía clases de Educación Física en la localidad de Labuhanbatu del Sur, situada a casi 2.000 kilómetros al noroeste de Yakarta.
Las autoridades explicaron, citando datos preliminares de la investigación, que el profesor empezó a atacar a sus víctimas en agosto de 2024, siempre dentro del aula de clases y luego les amenazaba para que no lo delataran.
El docente fue detenido a finales de agosto y se enfrenta a una pena de 15 años de prisión que pudiera subir a un máximo de 20, pues el abuso sexual infantil en Indonesia considera agravante que el agresor fuera un profesor y que atacase a más de un menor.
Además, el castigo para este tipo de delitos contempla una multa máxima de 5.000 millones de rupias indonesias, unos 304.000 dólares.
Sobre el caso, el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil de Indonesia informó hoy en una rueda de prensa que reforzarán la vigilancia en los planteles y que colabora con las autoridades locales para brindar apoyo legal y psicológico a los 23 menores.
La ministra de la Mujer, Arifah Fauzi, llamó a las escuelas, las fuerzas de seguridad y las familias a hacer un trabajo conjunto para «que las víctimas reciban justicia y atención a largo plazo», aunque sin ofrecer detalles sobre las medidas que implementarán.
«El caso ha provocado indignación pública y ha renovado el llamamiento a una mayor protección y supervisión en las escuelas de toda Indonesia, especialmente en las zonas rurales y marginadas», añadió Antara.
En abril de 2022, Indonesia, la nación con la mayor población musulmana del mundo, aprobó su primera ley específica contra la violencia sexual, con la que puso fin a la posibilidad de que agresores se casasen con menores que habían sido sus víctimas, algo que era posible si se obtenía el permiso de un tribunal musulmán.