Brasilia, 9 jun (EFE).- Mauro Cid, antiguo ayudante personal del expresidente Jair Bolsonaro, delineó este lunes ante la Corte Suprema de Brasil los esfuerzos del mandatario y de una parte de la cúpula militar para anular los resultados de las elecciones de 2022.
Cid fue el primero de los acusados por intento de golpe de Estado en ser interrogado, durante más de cuatro horas, por el magistrado instructor Alexandre de Moraes, y su testimonio era muy esperado, ya que colaboró con la Policía Federal en las investigaciones sobre el caso.
El exayudante personal, militar de profesión, confirmó hoy el meollo de lo que contó en su día a la Policía y aclaró que sus confesiones fueron hechas de forma «voluntaria» y «sin presiones», frente a los intentos del bolsonarismo por desacreditar el testimonio.
Cid, quien también respondió a las preguntas de los abogados del resto de acusados, dijo que los esfuerzos golpistas pasaron, primero, por buscar fallas en las urnas electrónicas que justificasen la anulación de los comicios, que en los que venció el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
«La gran expectativa es que fuese encontrado un fraude en las urnas (…). Con un fraude, se podría convencer a los militares, diciendo que la elección fue fraudulenta, y quizás la situación cambiara», declaró.
Decretos golpistas
Pese a no encontrar fraudes, Cid dijo que las conversaciones de tono golpista alrededor de Bolsonaro continuaron durante semanas y que en ellas se discutieron borradores de decretos para declarar el estado de sitio y de defensa y, así, anular los resultados electorales.
En una de esas reuniones, el exmandatario (2019-2022) pidió a uno de sus asesores «recortar» uno de los documentos y aprobó planes para encarcelar al magistrado De Moraes.
Esos decretos, según Cid, fueron presentados a los comandantes de las Fuerzas Armadas en reuniones presididas por Bolsonaro, pero los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea se opusieron a esas acciones.
Frente a estas divergencias en el seno de la cúpula militar, el edecán afirmó que el expresidente no llegó a firmar esos decretos.
Mientras Bolsonaro se recluía cada vez más a medida que se acercaba el fin de su mandato, Cid relató cómo él se convirtió en el receptor de múltiples mensajes de otros militares que presionaban para que se tomara alguna acción.
Sin embargo, el exedecán restó importancia a estas charlas y las tachó de «bravatas» y «conversaciones de bar».
Eso sí, Cid dijo que tanto él como Bolsonaro estaban al corriente de la redacción de una carta por parte de algunos oficiales para pedir al comandante del Ejército que apoyase los intentos golpistas.
Por otro lado, el exayudante afirmó desconocer de antemano el plan llamado ‘Puñal verde amarillo’, cuyo objetivo era asesinar a Lula y a De Moraes, y negó haber hablado nunca sobre el mismo con el expresidente.
Sobre los manifestantes que en aquella época pedían una intervención militar frente a los cuarteles, Cid afirmó que Bolsonaro «ni los movilizó ni los mandó irse» y que este no tenía un «contacto directo» con los organizadores de esas protestas.
Bolsonaro, en la sala
En la sala de interrogatorio, a espaldas de Cid, estaba sentado Bolsonaro, quien en uno de los descansos declaró a los medios de comunicación que tenía la «conciencia tranquila» y que «no se prepara» para ser condenado.
Después de Cid, fue el turno del exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia Alexandre Ramagem, investigado por unos documentos de su autoría que buscaban desacreditar las urnas electrónicas.
Ramagem, quien rechazó las acusaciones de intento de golpe de Estado, dijo que se trataba de documentos «privados» y que fueron elaborados mucho antes de las elecciones de 2022.
A estos interrogatorios le seguirán esta semana los del propio Bolsonaro y otros cinco colaboradores cercanos, como el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira y el candidato a vicepresidente Walter Braga Netto.
Concluida esta fase, el magistrado instructor consultará a la Fiscalía y a las defensas de los acusados para determinar si son necesarios nuevos interrogatorios y diligencias o si se pasa a los alegatos finales.
Los acusados están siendo juzgados por los delitos de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, asociación criminal armada, daño calificado y destrucción de patrimonio, cuyas penas máximas sumadas rondan los 40 años de cárcel.
