Carmen Naranjo
Madrid, 5 sep (EFE).- Nunca un acto de apertura del año judicial ha sido una actividad especialmente festiva pero este viernes la seriedad vinculada al carácter solemne del evento que se ha celebrado en el Tribunal Supremo ha llegado a cotas máximas, unida a la incomodidad de un fiscal general procesado y un Poder Judicial reivindicando respeto.
Eran las doce en punto del mediodía cuando Felipe VI, que preside tradicionalmente el acto, ha declarado abierta la sesión y la audiencia pública en el salón de plenos del alto tribunal que acoge anualmente esta ceremonia solemne, perfectamente reglada.
La expectación se palpaba desde mucho antes del inicio del acto en la sala habilitada para la prensa, donde se barajaban los posibles contenidos de los discursos del fiscal general y la presidenta del Poder Judicial y las apuestas sobre las reacciones de los asistentes a la apertura del año judicial.
Y no era para menos porque los días anteriores se habían ido calentando los ánimos ante el que se prometía como uno de los actos de apertura del año judicial más tensos que se recuerdan.
Una tensión justificada en la asistencia del fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuya presencia rechazaba un relevante sector de jueces y fiscales por estar procesado por un presunto delito de revelación de secretos, y en la que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo había basado su ausencia del acto
Y además pendiente de la posible respuesta de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en defensa de la independencia judicial, a las recientes críticas de Pedro Sánchez a algunos jueces.
Una hora antes de que diera comienzo el acto, un sonriente fiscal general llegaba a la sede del Tribunal Supremo, confirmando así lo que ya se había anunciado desde la Fiscalía: García Ortiz estaba obligado a asistir a este acto como marca la ley y, por tanto, no podía elegir ir o no ir, como pedían esto último las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales así como los vocales conservadores del CGPJ.
Pero semblantes serios y un silencio generalizado han acompañado al fiscal general en la lectura de su discurso donde ha expuesto, como todos los años, la memoria de la Fiscalía, aunque ha comenzado en esta ocasión de una forma excepcional.
Así, ha dicho ser consciente de las circunstancias singulares de su intervención y ha expresado su confianza en la justicia: «creo en la justicia, creo en la verdad», ha dicho ante los jueces que le investigan y que previsiblemente llegarán a juzgarle por un presunto delito de revelación de secretos.
Un discurso ante el que el amplio grupo de jueces y fiscales conservadores, que rechazaron boicotear el acto o su discurso por respeto al rey y a Perelló, ha hecho visible su rechazo al no aplaudirle.
Luego ha sido el turno de la presidenta del Supremo y del CGPJ, cuyo suave tono discursivo no ha quitado importancia a la defensa férrea que ha hecho de los jueces y su rechazo a las «inoportunas» e «insistentes descalificaciones» a la justicia por parte de otros poderes públicos. Y ha censurado que se intente atribuir a los jueces «intenciones u objetivos» contrarios a los principios que rigen su actuación.
Y ante el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien flanqueaba junto a ella al rey, Perelló ha exigido que no se presione a los jueces: «que no se nos presione, que no se nos condicione, que no se erosione la credibilidad de los tribunales con juicios de oportunidad política o de cualquier otro tipo» para añadir a continuación que «cada cargo público es responsable de sus actos».
Mientras, desde Arganda del Rey (Madrid), el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se alegraba de no haber asistido al acto por considerar «un inmenso error» que un fiscal general «procesado» se «atreva» a dar discursos delante del Tribunal Supremo, a decir que hay que cumplir las leyes, ante el mismo tribunal que lo está investigando y que podría juzgarlo.
