La Paz, 4 abr (EFE).- Un tribunal boliviano anuló este viernes uno de los procesos judiciales contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) por una designación supuestamente irregular durante su Gobierno, lo que, según su defensa, permitiría que la exgobernante sea juzgada en un juicio de responsabilidades en el Parlamento.
La decisión “implica un reconocimiento al derecho que tiene la expresidenta a ser juzgada bajo un juez competente (…) que solamente puede ser reconocido en el marco de un juicio de responsabilidades”, declaró a la prensa Luis Guillén, uno de los abogados de Áñez.
Guillén informó que la audiencia de hoy se desarrolló de manera presencial en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, en La Paz, donde la exjefa de Estado permanece recluida desde hace cuatro años por diversas acusaciones relacionadas a la crisis política de 2019 y a decisiones durante su Gobierno.
La audiencia revisó los antecedentes del proceso en el que Áñez fue acusada por supuestamente nombrar de forma irregular a la gerenta de la estatal Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA) durante su gestión interina en 2020.
El caso derivó en una controversia de competencias sobre si a Áñez le correspondía un juzgamiento en la vía ordinaria o en un proceso de responsabilidades en el Legislativo, dada su condición de expresidenta que el Gobierno de Luis Arce y el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) le han negado siempre.
Finalmente, el tribunal que revisó el caso este viernes dispuso que “de forma inmediata” el caso EBA “se vaya a la Fiscalía General del Estado”, instancia que “tiene la obligación de pronunciarse” y definir si a la exmandataria interina “le corresponde un juicio de responsabilidades o no”, explicó Guillén.
Por su parte, Norka Cuéllar, quien también integra el equipo de abogados que defiende a Áñez, dijo que la anulación del proceso del caso EBA en la vía ordinaria “tiene un impacto” en los ocho procesos que también han avanzado por esa misma ruta contra la exmandataria.
“En cada uno de los procesos que se tiene en contra de la expresidenta se ha alegado la misma vulneración de derechos, inclusive se ha presentado en instancias internacionales la vulneración al juez natural”, apuntó Cuéllar.
Áñez fue detenida y encarcelada en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como ‘golpe de Estado I’, iniciado por una exdiputada del MAS, por la crisis política y social de 2019 en Bolivia y que derivó en la renuncia del entonces presidente, Evo Morales (2006-2019).
Morales aseguró ser víctima de un “golpe de Estado”, mientras que la oposición aseguró que su renuncia fue consecuencia de las protestas por un fraude electoral a su favor en las frustradas elecciones presidenciales de 2019.
En 2022, la exmandataria interina recibió una sentencia de diez años de prisión por otro caso, el ‘golpe de Estado II’, que la acusó de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019, luego de la renuncia de Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y de la Cámara de Diputados.
Fuera del caso EBA, Áñez afronta otros ocho procesos en la justicia ordinaria, entre ellos los casos conocidos como ‘Sacaba’ y ‘Senkata’, por las muertes de civiles durante la crisis de 2019.
La opositora siempre reclamó un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.
