Madrid, 13 may (EFE).- La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que acuerde el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra el novio de Isabel Díaz Ayuso.
En un escrito, al que ha tenido acceso EFE, la asociación, que ejerce una de las acusaciones populares, solicita al instructor que dicte el auto de procedimiento abreviado (equivalente a procesamiento) para el fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación administrativa al existir una “abrumadora prueba”.
Lo plantea así porque “no existe más prueba por practicar que las dos declaraciones”, entre ellas la de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid el próximo día 23, y porque “concurre un acervo probatorio desmesurado en este caso” que, en su opinión ya existía cuando se derivó la causa desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora “se ha visto reforzado”.
Al respecto, cita las declaraciones de los investigados, que se acogieron al derecho a no responder al instructor, para destacar que se sigue “sin saber por qué García Ortiz, sabiendo que el Tribunal Supremo había admitido la exposición razonada, procedió al borrado de su móvil, sin trasladar la información”. “Nadie borra su inocencia, máxime, cuando ya sabe que se le va a investigar judicialmente”.
Subraya también las testificales de los directores de comunicación de la Fiscalía General y de la Fiscalía Provincial porque “corroboran, en relación con la nota de prensa publicada por Fiscalía el 14 de marzo de 2024, la imperiosa necesidad de García Ortiz –en colaboración con Rodríguez– de, en ilegítimo conocimiento de la información del expediente penal del querellante, sacar tales datos a la luz de manera urgente y detallada”.
Destaca, además, el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre el material intervenido en el registro del despacho de Rodríguez, que es la clave sobre la que pivota toda la investigación y que advierte de la “participación preeminente” de García Ortiz en los hechos.
Y añade que “la Inspección Fiscal o la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo no han aportado ningún indicio que señale hacia otro posible autor del delito”, lo cual “sería deseable dado que los datos estaban solo a su disposición” y “deja realmente en mala posición la dignidad del Ministerio Fiscal que demuestra que no ha tenido ningún impulso de averiguar la verdad sino, tan solo, de proteger a sus cargos investigados”.
Al margen del procesamiento, la asociación pide dos últimas diligencias al juez, que inste a la UCO a averiguar si en el teléfono de García Ortiz constan o no agendados una serie de números, entre ellos el de la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera; el del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, así como el de varios periodistas que testificaron en la causa.
También solicita al magistrado que requiera a la fiscal jefe Inspectora los tres expedientes de dación de cuenta relativos a González Amador, como así lo reveló la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que “deben estar acompañados de los correos electrónicos y firmados digitalmente”.
