Bangkok, 6 jun (EFE).- Un tribunal australiano desestimó este viernes la acusación de incumplir las normas de seguridad contra la propietaria de la empresa de eventos que facilitó un castillo hinchable que voló por los aires durante un torbellino en el estado insular de Tasmania en 2021, provocando la muerte de seis niños.
El juez Robert Webster, del Tribunal de Magistrados de Tasmania, indicó en el fallo que el trágico incidente fue el resultado de un evento climático imprevisible y desestimó la acusación de violación de la legislación de salud y seguridad contra Rosemary Gamble, propietaria de la empresa Taz-Zorb, dueña del castillo hinchable.
«Este trágico incidente ocurrió, según las pruebas, debido a un evento meteorológico sin precedentes. Este torbellino era imposible de predecir», remarcó el magistrado en el fallo, revelado hoy.
Webster señaló que, si bien Gamble, que se declaró inocente, pudo «haber tomado medidas adicionales» de seguridad para evitar un posible fallo en el sistema de anclaje del castillo de aire, las pruebas no le permiten tomar una decisión de culpabilidad «más allá de toda duda razonable».
«Bajo estas circunstancias, considero que los cargos no están probados», zanjó el juez al desestimar la acusación.
El 16 de diciembre de 2021, una racha de fuerte viento levantó por los aires el castillo hinchable durante la fiesta por el último día de clase en el colegio Hillcrest, en la ciudad de Devonport, en la sureña isla de Tasmania.
A raíz del accidente, seis niños, de entre 11 y 12 años, perdieron la vida al caer desde una altura de unos diez metros, mientras que otros tres menores resultaron heridos de gravedad.
El delito por violar la legislación de salud y seguridad se castiga con una multa de hasta 1,5 millones de dólares australianos (más de 975.000 dólares o casi 852.000 euros).
La Fiscalía alegaba que la operadora del castillo hinchable no había anclado de manera adecuada la atracción, mientras que la defensa argumentaba que no hubo manera de evitar la tragedia.
La abogada de Gamble, Bethan Frake, emitió un comunicado en nombre de su cliente donde reconocía el «profundo y trágico» impacto en las familias.
«Soy madre. Solo puedo imaginar el dolor que otros padres viven cada día debido a este terrible suceso. Su pérdida es algo que llevaré conmigo el resto de mi vida», apunta el texto, según recoge el canal público australiano ABC.
En paralelo a la acusación penal, los familiares de las víctimas también presentaron en diciembre del año pasado una demanda civil contra el estado de Tasmania y Gamble para reclamar una compensación económica.