Oviedo, 2 abr (EFE).- Un informe interno emitido desde la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación del Principado advirtió en 2022 de “indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada” en la mina de Cerredo, en Degaña, explotación en la que el pasado lunes fallecieron cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos por una explosión de gas grisú, según la principal hipótesis.
Según ha adelantado este miércoles el diario ‘La Nueva España’, los inspectores recomendaron abrir entonces un expediente a la sociedad titular de las instalaciones, Combustibles Asturiana y Leonesa, una empresa tras la que se encontraba el padre del actual administrador único de Blue Solving, la compañía que actualmente operaba en la mina de Cerredo con permisos para recuperar viejos materiales y valorización de materiales, pero no para extraer carbón.
El informe se emitió a raíz del accidente que el 25 de agosto de 2022 se registró en el exterior de esta mina del suroccidente asturiano, en el que un trabajador perdió la vida y otro resultó herido de gravedad al volcar un camión cargado de mineral.
Al igual que Blue Solving, Combustibles Asturiana y Leonesa no disponía entonces de permiso para la extracción de carbón pero, según el informe de los inspectores, el carbón que transportaba el camión accidentado procedía “de la plaza del sexto piso de la mina de interior, para la que no existe autorización de explotación, encontrándose en proceso de cierre”.
Según el informe al que ha tenido acceso ‘La Nueva España’, se constataron graves deficiencias en el vehículo accidentado, irregularidades en el mantenimiento del equipo, carencias en la formación de los trabajadores deficiencias de organización y falta de certificados de capacitación para el manejo de equipos mineros , además de “indicios racionales” de extracción de carbón por lo que los inspectores instaron la apertura de un expediente.
En el momento de emitirse el informe se encontraba al frente de la Dirección General de Energía y Minería, Berlarmina Díaz, que desde febrero dirige la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio de Asturias y que ayer mismo aseguró que una inspección rutinaria llevada a cabo el pasado mes de septiembre no detectó “nada anormal”.
En diciembre de 2023, la entonces directora general de Minas también se reunió con los promotores de Blue Solving y al año siguiente se autorizó a la empresa para labores de investigación sobre usos alternativos al carbón.
Tanto la actividad de Combustibles Asturiana y Leonesa, como la que llevó a cabo Blue Solving tras el traspaso de la titularidad en 2024 recibieron ayudas públicas del Instituto de Transición Justa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, para la recuperación y valorización de materiales, no para la extracción de carbón.
Investigación en curso
Según confirmaron ayer a EFE fuentes cercanas a la investigación, el Juzgado de Cangas del Narcea abrió ayer diligencias mientras la Policía Judicial de la Guardia Civil continúa con las pesquisas.
La investigación tratará de dilucidar si los trabajos realizados por la empresa en el interior de la mina se ajustaban a las licencias con las que contaba.
Blue Solving dispone de una licencia de investigación para comprobar, en una determinada zona de la mina, la presencia de algún tipo de mineral o de material de cara a su extracción en un futuro, y otra para retirar chatarra y material del nivel tres de la antigua mina, en el que se produjo la explosión, pero no cuenta con autorización para la extracción de carbón.
Al margen de la actividad que se estuviera desarrollando en el interior de la mina, la principal hipótesis es que el siniestro se produjo por la presencia de una bolsa de grisú, un gas compuesto principalmente por metano que puede encontrarse en las minas de carbón y que puede provocar explosiones sin previo aviso, al carecer de olor, aunque sí existen detectores y su peligrosidad puede paliarse con sistemas de ventilación.
