Madrid, 17 jun (EFE).- Los juzgados de familia infravaloran las consecuencias que la violencia de género tiene en las víctimas, tanto mujeres como niños y niñas, siendo excepcionales las sentencias que dictan medidas para prevenir sus daños y consecuencias.
Es la principal conclusión de la investigación ‘Tratamiento judicial dado a mujeres, sus hijas e hijos menores de edad en los procedimientos de Derecho de Familia en los que se ha constatado la existencia de violencia de género’, elaborado por la Asociación de Juristas Themis por encargo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
El estudio ha analizado 1.178 resoluciones judiciales de apelación y casación dictadas entre enero de 2022 y diciembre 2023 en procedimientos de familia en los que existía al menos una denuncia por violencia de género. Esos casos implicaban a 1.843 hijos menores de edad.
El objetivo de la investigación era conocer el tratamiento que se dio a mujeres y menores en cuestiones como patria potestad, custodia, regímenes de visitas, pensiones alimenticias, uso del domicilio familiar, síndrome de alienación parental o mediación familiar.
La principal conclusión de la investigación es que la perspectiva de género e infancia «está ausente» en las resoluciones judiciales de derecho de familia, a pesar de ser una obligación legal.
Se aprueban regímenes de visitas, custodias compartidas e incluso custodias exclusivas para el progenitor incurso en procedimientos por maltrato. Pese a que en todos los casos analizados había denuncias por violencia de género, esta realidad sólo se menciona en el 29,82 % de los pronunciamientos judiciales.
Esto evidencia «la escasa importancia que se da a la violencia para fijar las medidas civiles que regirán las relaciones tras la ruptura de la pareja». «Se constata la infravaloración en sede judicial de las consecuencias que la violencia machista tiene en las mujeres, las niñas y los niños», según el informe.
Pese a que la legislación es clara a este respecto, la suspensión o no fijación del régimen de visitas con el maltratador sólo se dictó en el 18 % de las sentencias estudiadas.
En un 88,62 % de sentencias se mantuvo la patria potestad, sólo se privó de esta al padre en un 2,52 % de los casos y en otro 9,17 % se restringió o suspendió de forma temporal.
Además, pese a la denuncia por violencia de género, se otorgó la custodia exclusiva al padre en un 9,6 % de los casos y la compartida -prohibida por ley-, en un 10,11 %. En el 71 % de los casos, la custodia fue exclusiva para la madre.
En cuatro de cada diez casos se pidió dictamen psicosocial de los menores, pero en casi la mitad de ellos se recomendó el régimen de visitas con el progenitor denunciado y sólo en un 23 % se recomendó que no se fijasen visitas, lo que pone de manifiesto que «estos equipos carecen de perspectiva de género e ignoran los mandatos legales».
La investigación también ha detectado que se sigue recurriendo al falso síndrome de alienación parental (mencionado en el 3,48 % de los casos) y aún se remite a las partes a mediación familiar (3,4 %), pese a que ambas están prohibidas por ley.
Asimismo, se ha cuantificado el valor de las pensiones de alimentos: el 44 % está en la horquilla de los 100 a los 200 euros; el 24 %, entre 200 y 300; el 9 % no llega a 100 y el 6 % supera los 500. Sólo figuran pensiones compensatorias en un 7 % de los casos.
El 40 % de estas madres tiene unos ingresos mensuales de entre 450 y 1.000 euros, un 35 % gana entre 1.000 y 2.000, un 12 % percibe menos de 450 euros al mes y el mismo porcentaje gana más de 2.000. Sólo en una de cada tres sentencias se discutió sobre el uso del domicilio familiar.
Las juristas han subrayado que las sentencias analizadas muestran una escasa sensibilidad ante las consecuencias de la violencia de género y denotan falta de formación en los órganos judiciales.
El estudio señala que la posición de la fiscalía no es proactiva a la hora de solicitar que los menores convivan o mantengan la relación con el progenitor enjuiciado o condenado por violencia de género, sino que se solicitan amplios regímenes de visitas.
Tras estos resultados, las juristas han solicitado al Consejo General del Poder Judicial la elaboración de un protocolo para que toda la magistratura juzque con perspectiva de género e infancia y libre de estereotipos y prejuicios.
