Cádiz, 14 oct (EFE).- Una jueza de Cádiz ha dado parcialmente la razón al hijo de Antonio Luis Baena Tocón, al que un estudio atribuyó una papel relevante en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández.
Tras años de varapalos en esta cruzada judicial en defensa del honor, la intimidad y la imagen de su padre, fallecido en 1998, su hijo José Francisco Baena, que ha librado sin éxito batallas en los tribunales incluso contra Google y la Agencia de Protección de Datos, ha conseguido una victoria parcial.
Tenebroso recuerdo
Así, el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cádiz ha dictado una sentencia que condena al catedrático de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá, autor del estudio histórico que citaba a su padre como secretario judicial del consejo de guerra que condenó a pena de muerte al poeta en 1940, por intromisión ilegítima en su derecho al honor.
La sentencia condena al catedrático a rectificar “las informaciones inexactas contenidas en su obra publicada y a retirar las expresiones que se extralimitan del verdadero cometido” del funcionario Baena Tocón en aquel proceso que “distorsionan el rol jurídico que legalmente desempeñó”, ya que le señalaban “como el peticionario de máximas condenas o condenas de muerte” y contienen “su opinión afrentosa, al referirse a él como ayudante de tenebroso recuerdo”.
Lo condena además a indemnizar a su hijo con 10.000 euros, al considerar desproporcionada la reclamación de este de medio millón de euros.
También condena a siete medios de comunicación. Son una muy pequeña parte de los 88 periodistas, medios, entidades y asociaciones culturales a los que se dirigió también la demanda, pidiendo indemnizaciones que sumaban 1.500.000 euros y que han quedado absueltos en su mayoría.
“El señor Baena no ejecutó a Miguel Hernández”
El juzgado ha desestimado las demandas porque entiende que divulgar inexactitudes como identificar a Baena Tocón como secretario del Consejo de Guerra en lugar de como secretario del Juzgado Especial de Prensa no implica una falsedad, sino hacer uso de un lenguaje que facilite la comunicación.
De los 88 demandados, solo condena a siete medios que en sus titulares e informaciones calificaron a su padre como “verdugo” de Miguel Hernández o le relacionaron con la condena a muerte.
“En su sentido literal el señor Baena no ejecutó a Miguel Hernández, no solo porque no tuvo esa función sino que es un hecho histórico indubitado que al poeta se le conmutó la pena de muerte por la de reclusión mayor, y murió en la cárcel de tuberculosis. También en su sentido figurado, apreciamos una distorsión exagerada en tanto en cuanto la palabra verdugo se asocia a una crueldad extrema que no existió ya que no hubo ejecución”, explica la sentencia.
La jueza precisa que señalar al padre del demandante como verdugo “no procede de fuente legítima”, pues en ningún momento se refleja en los textos de Ríos Carratalá, por lo que es una expresión “para captar audiencia”.
El juzgado condena a estos medios a retirar este contenido, publicar la sentencia e indemnizar con 3.000 euros cada uno a Baena González.
Pagar las costas de 81 absueltos
Pero los 31.000 euros que suman estas indemnizaciones pueden no ser una gran victoria para el demandante ya que la sentencia le ha condenado a pagar las costas del proceso de los 81 absueltos.
La magnitud de la demanda hizo que el juicio del Juzgado de Primera Instancia se celebrase el pasado mes de octubre en la Audiencia Provincial de Cádiz, que tuvo que habilitar dos salas para acoger a los abogados y procuradores a los que se dirigía la demanda.
Entre ellos los de los directores de medios como Soledad Gallego, Pedro J. Ramírez, Antonio García Ferreras, Ignacio Escolar, Bieito Rubido o Cristina Ónega, y entre las entidades, las universidades de Alicante y Valencia, el sindicato UGT o la Fundación Española de Historia Moderna.
