São Paulo (Brasil), 30 jul (EFE).- La ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, calificó como un «acto violento y arrogante» la sanción del Gobierno de Estados Unidos contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, instructor del juicio por golpismo que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro.
La aplicación de la ley Magnitsky contra el magistrado «representa un capítulo más de la traición de la familia Bolsonaro al país», afirmó Hoffmann, una importante correligionaria del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en un mensaje publicado este miércoles en sus redes sociales.
La ley Magnitsky autoriza al Gobierno estadounidense a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos.
Tras conocerse la sanción contra De Moraes, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), publicó un mensaje agradeciendo al mandatario estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, y afirmó que tiene «la sensación de misión cumplida».
«Cuando me exilié aquí en Estados Unidos, dejé bien claro mi intención de sancionar a Alexandre de Moraes, porque entendía que en Brasil ya no existían más medios para luchar contra esa tiranía. Hoy, tengo la sensación de misión cumplida», expresó Eduardo, que está desde marzo pasado en EE.UU. negociando sanciones contra Brasil en pos de «justicia» para su padre, procesado por golpismo.
De Moraes es el juez de la Corte Suprema a cargo de este juicio y es además quien dictó medidas cautelares contra el expresidente, que incluyen el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar sus redes sociales y la obligación de pasar las noches y los fines de semana en su casa.
La causa judicial contra Bolsonaro por supuestamente orquestar un golpe de Estado fue la que incentivó el arancel del 50 % a las importaciones brasileñas anunciado el pasado 9 de julio por Trump, quien alegó una «caza de brujas» y una supuesta persecución contra el líder de la ultraderecha.
Según la Fiscalía brasileña, Bolsonaro incurrió en los delitos de «golpe de Estado», «organización criminal armada», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho», «daño cualificado por violencia grave o amenaza» y «deterioro de patrimonio protegido».
