Ruth del Moral
Madrid, 11 abr (EFE).- Una quincena de nuevas universidades privadas están en trámite para implantarse en seis comunidades autónomas, con Extremadura y Madrid a la cabeza de peticiones -cuatro cada una- mientras que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades está pendiente de valorar hasta diez solicitudes.
Así se desprende de los datos recabados por EFE en las comunidades autónomas, cuando está a punto de culminar la recogida de alegaciones al borrador del nuevo decreto del Gobierno que eleva las exigencias académicas y financieras para la creación de nuevas universidades.
Fuentes del Ministerio de Universidades señalan que diez iniciativas privadas están todavía pendientes de recibir el informe favorable o desfavorable del Ministerio. Una evaluación que es preceptiva, pero no vinculante.
Solicitudes sobre la mesa
En seis autonomías (Extremadura, Madrid, Aragón, Asturias, Baleares y Canarias) hay propuestas privadas de creación de nuevos centros universitarios.
– Aragón (3):
El Gobierno de Aragón (PP) ha remitido al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades las memorias de tres proyectos de universidades privadas: The Power University en Zaragoza, la Universidad internacional de Aragón UNIAR (on line) y la italiana Nicolo Cosano NCI_ARAGON, que promueve la Societ à delle Scienze Umane en Calatayud.
De momento, sin respuesta.
-Extremadura (4):
Está en trámite la Universidad Europea de Extremadura, cuyo proyecto se activó hace menos de dos años y prevé construir un campus en Cáceres. Está a la espera del informe de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que es preceptivo pero no vinculante.
La Universidad CEU Núñez de Balboa, que pretende ser online y establecerse en Jerez de los Caballeros (Badajoz) también está pendiente del Ministerio.
La Universidad Abierta de Extremadura (virtual), que quiere instalarse en Badajoz, también están a la espera del informe del Ministerio.
No obstante, la Abierta de Extremadura ya recibió en 2016 un informe desfavorable de la CGPU, al igual que la petición que hizo entonces la Universidad Augusta Emérita.
La Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE) (presencial y virtual) tiene el trámite más avanzado ya que la Junta (PP) ha remitido al Consejo de Estado el proyecto para que haga un informe preceptivo, pero no vinculante. El Gobierno regional lo remitirá a la Asamblea de Extremadura como proyecto de ley para su aprobación.
– Madrid (4):
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) ha iniciado los trámites para que el Instituto de Empresa (IE) se convierta en 2025 en la decimocuarta universidad privada de la región.
Ha recabado los preceptivos informes de la Conferencia General de Política Universitaria -en marzo de 2024 y favorable-, de la Fundación madri+d y de la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Infraestructuras, también positivos.
Se inicia ahora el periodo de audiencia e información pública.
Una vez completados estos trámites, la Consejería de Educación propondrá, en su caso, la aprobación del anteproyecto de ley por el Consejo de Gobierno que tendrá que ser convalidado en la Asamblea de Madrid.
Está pendiente la Universidad Abierta de Europa (virtual) y han pedido convertirse en centros universitarios: el Centro de Estudios Superiores Felipe II, ubicado en Aranjuez y adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y la Escuela Universitaria de Artes TAI, con sede en Madrid y dependiente de la URJC.
Las dos últimas también a la espera del informe del Ministerio.
-Baleares (1):
La Universidad de Mallorca pendiente del visto de la Conferencia General de Política Universitaria. Después, la comunidad autónoma (gobernada por el PP) deberá evaluar el proyecto.
-Canarias (1):
Aprobada por ley la creación de la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias pero no implantada porque está pendiente de autorización de inicio de actividades.
La Universidad Digital (UDDI) sigue sobre la mesa del Ministerio.
Los centros o titulaciones privadas o públicas en las islas (con gobierno de Coalición Canaria y el PP) precisan que siguen los informes favorables de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa.
-Asturias (2):
Han solicitado su implantación la Universidad Europea, para establecerse en Gijón, y la Universidad Antonio Nebrija, que pretende implantar en Avilés el próximo curso un grado de Enfermería como centro asociado. Proyectos respaldados por sus respectivos ayuntamientos.
Sin embargo, ninguna de las dos ha culminado los trámites ni cuenta con autorización del Principado (PSOE), que asegura que seguirá tramitando ambas solicitudes a la espera de la aprobación de la nueva norma, de la que está en sintonía.
También ha mostrado interés la Universidad Alfonso X el Sabio por implantar en Oviedo varios grados de ciencias biosanitarias, aunque no ha cursado aún su solicitud.
Plazos de adaptación
El borrador del decreto establece diferentes plazos de adaptación, tanto para las universidades ya en activo, como para las que están en fase de creación o autorización.
Según el documento, las universidades y centros cuya actividad académica se haya iniciado antes de la fecha de entrada en vigor del decreto “dispondrán de hasta tres años para adaptarse a los nuevos requisitos”.
El mismo plazo que tendrán las universidades y centros ya creados o reconocidos por Ley, pero aún no autorizados para el inicio de su actividad académica.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del decreto “en los que ya se hubiera llegado al trámite de audiencia”, seguirán rigiéndose por la normativa anterior.
También, “los actos y resoluciones pendientes de ejecución a la entrada en vigor del decreto se regirán por la normativa vigente cuando se dictaron, salvo que en el mismo se establezca una regla particular al respecto”.
Pero los procedimientos de revocación iniciados después de la entrada en vigor “se sustanciarán y resolverán de acuerdo con lo dispuesto” por el nuevo decreto.
En cuanto a los centros que impartan enseñanzas de títulos extranjeros universitarios y de educación superior de ámbito similar al universitario que estén activos, dispondrán de seis meses para adaptarse.
