Madrid, 3 abr (EFE).- Las universidades con una enseñanza virtual del 80 % pasarán a ser vigiladas y controladas por el Gobierno según el borrador del nuevo decreto de creación y autorización de universidades, que las encuadra en el modelo de ‘universidad de especiales características’ y por lo tanto en un ámbito territorial nacional.
Universidades como UNIR de la Rioja, Universidad Internacional de Valencia, Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), Universidad Isabel I de Burgos o la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), todas ellas en activo, se verán afectadas por una mayor exigencia en su oferta académica, docente e investigadora.
Las universidades de enseñanza virtual o con un 80 % online de nueva creación tendrán que ser aproadas por el Consejo de Ministros y por las Cortes Generales. En su caso aunque la sede social se ubique en un territorio concreto, será la agencia Aneca, de calificación estatal, la que emitirá un informe vinculante, favorable o no.
Para su autorización recabarán también el informe preceptivo del Consejo General de Política Universitaria (CGPU) propuesto por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Estas universidades online deberán presentar también una memoria plurianual de su programación, cumpliendo con la oferta académica de diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de Máster y tres programas oficiales de Doctorado en tres ramas de conocimiento distintas.
Además, deberán especificar para cada título oficial cómo serán las clases, grabadas o en directo, así como las evaluaciones o las tecnologías utilizadas.
Exigencias para el profesorado
El número de profesores podrá oscilar entre 1 por cada 25 alumnos o cada 50 en función del nivel de experimentalidad de las titulaciones y de la mayor o menor presencialidad –pudiéndose establecer excepciones justificadas, aunque en ningún caso podrán superar la ratio 1 docente por cada 100 alumnos.
Al menos el 75 % del personal docente e investigador debe residir en España para las universidades con sede en territorio nacional.
Así se garantiza que “la calidad académica, la colaboración y coordinación del profesorado en la preparación de las asignaturas y el seguimiento del aprendizaje del estudiantado, así como que el nivel formativo y las condiciones del profesorado son homologables a las del conjunto del sistema universitario español”, recalca el decreto que ha propuesto el Gobierno y que ahora recibirá las enmiendas de la comunidad educativa.
Un año para adaptarse
Las universidades con al menos un 80 % de enseñanza online ya en activo tendrán un año para adaptarse a estos nuevos criterios y, en caso de que no fuese así, las autoridades podrán incoar expediente de revocación de la licencia de actividad académica.
También en la expedición de los títulos, deberá estar “en lugar visible” -justo después de la denominación del título y en su caso de la correspondiente mención-, que la modalidad de impartición del título oficial ha sido presencial, semipresencial o híbrida, o virtual.
Con todos estos criterios, el Ejecutivo quiere frenar el impulso que han dado las universidades privadas a la enseñanza online, disparada con la pandemia, y que -en opinión del Gobierno- ha demostrado que en ocasiones no es de calidad.
“Algunas son de calidad homologable y de trayectoria académica muy solvente, y otras, especialmente de entre las aparecidas en los últimos tiempos, se fundamentan en una figura del profesorado universitario muy alejada de la del personal docente e investigador que es la esencia del modelo universitario español, con unas condiciones académicas y laborales igualmente alejadas de las del profesorado universitario mayoritario en España”, señala la exposición de motivos del borrador del decreto.
Los últimos datos aportados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades señalan que en el curso 2024-2025, el 26 % del estudiantado universitario español estudia en formato virtual.
