Uribe insiste en la tesis de «persecución política» ante la proximidad de fallo judicial

Fotografía de archivo de una captura de video del expresidente colombiano Álvaro Uribe, durante una declaración leída en sus redes sociales. EFE/Mauricio Dueñas

Bogotá, 25 jul (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe insistió este viernes en que es víctima de una «persecución política» en el proceso que tiene abierto por los delitos de manipulación de testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal, cuyo fallo será emitido el próximo lunes.

Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010, publicó en su cuenta de X un decálogo de alegatos por los que considera que su juicio, que puede convertirlo en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente, tiene interferencias indebidas, algo que ha recalcado a lo largo del proceso.

Entre las presuntas injerencias, Uribe menciona que el presidente colombiano, Gustavo Petro, con quien tiene grandes diferencias ideológicas que los sitúan en las antípodas políticas, «ha presionado la justicia».

«El presidente Petro ha presionado a la justicia. Ha negado haberse referido como presidente a este juicio contra mí. Sin embargo, se le conocen más de doce manifestaciones públicas sobre el tema», manifestó Uribe.

Petro afirmó el pasado martes que hay presiones a la justicia ante la proximidad del fallo en este caso, pero sugirió que provienen del lado de Uribe.

«Nunca, siendo presidente, me he pronunciado en el caso judicial que se sigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Consideré mi deber no hacerlo por respeto a él y al juez de su caso y a la justicia en general», dijo Petro en su cuenta de X y agregó: «Veo la enorme cantidad de presiones sobre la justicia que se ha desatado».

Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

 Críticas a magistrados de la Corte Suprema

Sin embargo, la Corte Suprema no abrió investigación contra el congresista sino que el magistrado José Luis Barceló le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.

«Unas denuncias presentadas por mis abogados contra el senador comunista Iván Cepeda, cercano a la FARC, en 2012 y adicionadas en 2014, las resolvió el magistrado Barceló, de la Corte Suprema en la víspera electoral de 2018, en favor de Cepeda y acusándome de soborno de testigos y de engaño a la justicia», reclamó hoy Uribe.

Según el expresidente, ese proceso que le abrió la Corte Suprema «fue oculto, expedito, sin antecedentes, conocido por Cepeda y su entorno, y filtrado a algunos periodistas sesgados», pero a sus abogados les negaron la existencia del caso.

«El magistrado Barceló de la Corte Suprema decía a algunos periodistas que estaban prontos a llevarme a la cárcel. Lo lograron, pero después de elecciones. Ese proceso me lo notificaron el 24 de julio de 2018, cuatro días después de haber iniciado un nuevo periodo como senador», agregó el exmandatario.

Uribe recuerda que el 4 de agosto de 2020 la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria, una decisión del magistrado César Reyes, de quien dijo que «debió declararse impedido» porque «sus conflictos de interés son clarísimos» ya que fue «compañero de trabajo de la esposa de Cepeda».

Además, Reyes fue contratista del gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) «para asuntos del proceso de La Habana, con la FARC, del cual fui yo uno de los principales opositores», agrega Uribe.

El exjefe de Estado recuperó la libertad el 10 de octubre del mismo 2020, después de 67 días en detención domiciliaria, y durante ese periodo renunció a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria.

«Cuando el proceso pasó a la Fiscalía, a raíz de mi renuncia al Senado, no empezó de cero, continuó. La Corte Constitucional decidió que la indagatoria de la Corte Suprema equivalía a la imputación de la Fiscalía. Una decisión discutible, estrecha 5-4, pero respetable», manifestó Uribe.

Tras ese cambio, dos fiscales pidieron el cierre anticipado del caso, lo que fue negado por el Tribunal Superior de Bogotá, y -tras la acusación de una tercera fiscal- el juicio comenzó el pasado 6 de febrero y el fallo se dará a conocer este 28 de julio. EFE

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