Montevideo, 13 ago (EFE).- Un estudio elaborado en conjunto por el colectivo social Ovejas Negras, la Organización Internacional de las Migraciones y el UNFPA arrojó que el Estado uruguayo debe mejorar su respuesta a los migrantes LGTBIQ+, que enfrentan expresiones de xenofobia y dificultades para acceder a la salud o la vivienda.
Así lo aseguraron este miércoles a la prensa tras la presentación de la publicación que presenta los resultados de la investigación, titulada ‘Estado de situación sobre el ejercicio de los derechos de las personas migrantes LGBTIQ+ en Uruguay’, dos de los autores del estudio.
«Es una investigación que trata de conocer el estado de situación de las personas migrantes LGTBIQ+ en este país, algo novedoso e innovador, ya que en Uruguay no existían estudios similares. Habían algunos en América Latina, pero no en este país, donde el flujo migratorio es muy grande y cada vez aumenta más», explicó Carina Da Costa.
Según la investigadora, el trabajo de campo, que concluyó en noviembre de 2024 y tuvo una metodología cualitativa basada en 24 entrevistas a migrantes LGTBIQ+ residentes en los departamentos (provincias) uruguayos de Montevideo y Rocha, tuvo resultados «novedosos pero no asombrosos», pues no arrojan una situación muy distinta de la general de los migrantes en el país.
«Los resultados no distan de lo que sabemos en esto de que Uruguay, si bien es un país con una agenda de derechos donde las personas desean venir a ejercer libremente su sexualidad (…), no es un país amigable con la población migrante. Esto no cambia en cuanto a que la población migrante sea del colectivo LGTBIQ+», indicó.
Por su parte, Juan Martín Rosa sostuvo que algunos de los problemas señalados fueron la falta de información actualizada en los sitios web de las instituciones gubernamentales en las que buscaron apoyo o las expresiones de discriminación y xenofobia, que, según se detalla en el informe, reciben «particularmente en el ámbito laboral».
En tanto también se toparon con dificultades en la búsqueda de una situación habitacional o el acceso a la salud y con «burocracia en cuanto a la regularización de la documentación», el investigador dijo que un aspecto positivo que se desprendió de los testimonios fue la existencia de redes comunitarias de apoyo.
Estas, acotó, fueron resaltadas como ese «primer contacto» que «respalda» un acompañamiento en el que el Estado se muestra deficiente.
Durante la presentación, tanto la secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, Collette Spinetti, como la vicecanciller uruguaya, Valeria Csukasi, resaltaron que sus dependencias son conscientes de los desafíos y buscarán trabajar en conjunto con los demás actores involucrados para asegurar «el ejercicio pleno de los derechos».
