Usuarios de criptomonedas reclaman al Supremo que pida el suplicatorio contra Alvise

Imagen de archivo (11/07/2025) del eurodiputado Luis Pérez Fernández 'Alvise' tras comparecer ante el juez en el Tribunal Supremo. EFE/ Mariscal

Madrid, 22 sep (EFE).- La Asociación de Usuarios de Criptomonedas ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar que solicite al Parlamento Europeo el suplicatorio que levante la inmunidad al ahora eurodiputado Luis Pérez, conocido como Alvise, para proceder contra él por presunta financiación ilegal de su partido.

Hace unas semanas el magistrado pidió opinión a las partes sobre la posibilidad de cursar el suplicatorio y, en respuesta, esta asociación, que es acusación en el procedimiento, ha solicitado al juez que se dirija a la Eurocámara para levantar la inmunidad de Alvise, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF)

Una petición que fundamente en «la gravedad de los hechos» y en la existencia de «hechos suficientes para continuar la investigación», según el escrito, al que ha tenido acceso EFE este lunes.

Esta causa, una de las que tiene abiertas Alvise en el alto tribunal, se dirige también contra el empresario Álvaro Romillo -investigado a su vez en la Audiencia Nacional por una presunta criptoestafa- por presuntos delitos como financiación ilegal de partidos, entre otros.

Hace unas semanas, la Policía remitió un informe al Supremo en el que considera «a todas luces evidente» que Alvise buscó financiar su campaña electoral para los comicios europeos de 2024 con «fondos opacos en el sentido de no declarados» y de «origen difuso», tratando que no fuesen fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.

En el foco se sitúa la entrega de 100.000 euros en efectivo que el mencionado empresario efectuó a Alvise el 27 de mayo de 2024, una cantidad que estaba «fuera de los circuitos económicos legales» y que «obedecería a capital recabado» por el eurodiputado para «financiar su campaña electoral».

Tras analizar los mensajes que ambos se cruzaron por aquellas fechas, los investigadores concluyeron en su informe que no fue un pago como tal, sino que lo encuadran en «un simple proceso de ocultación, transformación e integración entre activos, que es propio del blanqueo de capitales o en este caso de la financiación ilícita de partidos».

«Los 100.000 euros en realidad no fueron un pago realizado por Álvaro Romillo, sino que se gestaron en el entorno de Luis Pérez, canalizándolos a través de la estructura del empresario con la única pretensión de difuminarlos», precisaban.