Bogotá, 25 sep (EFE).- Un grupo de veinticinco militares retirados colombianos reconocieron su responsabilidad en las ejecuciones de civiles, conocidas como ‘falsos positivos’, cometidas en la región del Caribe, donde 604 personas fueron desaparecidas y presentadas como «resultados operacionales» entre 2002 y 2008.
Así lo informó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que detalló -en un comunicado- que tres generales, dieciocho oficiales y cuatro suboficiales que hicieron parte de las brigadas Segunda, Décima y Décimo Primera del Ejército «reconocieron su responsabilidad por haber participado en la configuración» de este «patrón macrocriminal».
«Se trata de oficiales y suboficiales que fueron imputados por su liderazgo y por su participación determinante en la comisión de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada (…) Estas conductas también constituyeron crímenes de lesa humanidad y de crimen de guerra», agregó la información.
El tribunal de justicia transicional, creado por el acuerdo de paz que firmaron el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, recalcó que estos crímenes fueron cometidos entre 2002 y 2008 durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Los militares reconocieron por escrito su responsabilidad en este caso en el que, según la JEP, las unidades militares de la costa del Caribe colombiano consolidaron «una macroorganización criminal estructurada en nodos».
«Esta se sostenía en un sistema de presión por bajas, con exigencias y sanciones a quienes no presentaran resultados operacionales. A ello se sumaron incentivos y recompensas para quienes se destacaran en los reportes de muertes en combate», detalló el tribunal.
La JEP explicó además que durante la época en mención hubo «actos de encubrimiento y ausencia de controles» que propiciaron la implementación de una política que llevó «a presentar asesinatos y desapariciones forzadas como bajas legítimas, con el fin de inflar artificialmente los resultados operacionales como indicador de victoria militar».
La jurisdicción asegura que hay al menos 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’ en Colombia, episodio en el que el Ejército engañó y ejecutó a jóvenes inocentes para hacerlos pasar como bajas guerrilleras en combate.
La semana pasada y «en paralelo» a este caso, el alto tribunal condenó a doce exmilitares colombianos a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por crímenes de lesa humanidad y de guerra como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005, en el marco del conflicto armado.
