Quito, 15 sep (EFE).- La provincia ecuatoriana del Carchi, fronteriza con Colombia, amaneció este lunes con algunas vías cerradas por protestas de transportistas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, mientras la normalidad ha sido la tónica en el resto del país, incluida la capital, Quito.
El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) informó de que a primera hora de este lunes en Carchi había cierres en las vías E35 San Gabriel-La Paz, La Paz-Bolívar, Bolívar-Piquiucho, Bolívar-San Gabriel por la «paralización de transportistas».
La Policía no ha confirmado o desmentido aún versiones que circulan en ciertos medios de comunicación sobre la presunta detención de cinco personas por participar en las protestas.
La capital ecuatoriana, Quito, amaneció con transporte público luego de que el domingo los dirigentes del sector informaron de que suspendieron la paralización anunciada en la provincia de Pichincha en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Los establecimientos educativos, que este mes iniciaron sus actividades, también desarrollaron con normalidad sus labores y la jornada en el aeropuerto internacional de Quito se mantuvo sin contratiempos.
También en la ciudad costera de Guayaquil -la más grande del país- se desarrollaron las actividades con normalidad y se mantuvo el costo de los pasajes del transporte público.
Sede del Ejecutivo
Por disposición del presidente Daniel Noboa, el Ejecutivo se trasladó de forma temporal a la ciudad de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi, donde también las actividades se desarrollaban con normalidad este lunes, según constató EFE en el lugar.
La vicepresidenta, María José Pinto, debe despachar desde la ciudad de Otavalo, en la provincia andina de Imbabura, por orden de Noboa, quien dispuso los cambios de sede el pasado sábado.
La decisión refleja «el compromiso del Gobierno de estar donde se requiere autoridad, gobernabilidad y diálogo directo con la ciudadanía», informó la Presidencia en un comunicado.
Los dirigentes de los transportistas tienen previsto reunirse este lunes para analizar las repercusiones del alza del diésel, el principal carburante que usan para su trabajo.
La eliminación del subsidio al diésel implica un incremento en el precio de este combustible de 1,80 dólares por galón (3,78 litros) a 2,80 dólares en las estaciones de servicio.
Apoyo y rechazo
Cámaras de industriales y de comerciantes han respaldado la medida de Noboa que, por otra parte, ha molestado a gremios de transportistas, que piden la derogatoria de la disposición, mientras el Gobierno mantiene abierta la invitación para que accedan a las compensaciones ofrecidas tras haber eliminado el subsidio, a fin de mantener los precios de los pasajes
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país, calificó de un «nuevo paquetazo» de Noboa la eliminación del subsidio al diésel y advirtió que «el Gobierno está llevando al límite la paciencia popular».
La Conaie, que en 2019 y 2022 lideró los estallidos sociales contra los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guilermo Lasso (2021-2023) que les obligaron a recular ante medidas similares de eliminar los subsidios los combustibles, apuntó que «Noboa repite la fracasada receta que provocó paros y trasladó la crisis al pueblo».
Los sindicatos, que temen un alza inflacionaria, sostienen que la medida responde a disposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El año pasado Noboa ya eliminó el subsidio a las gasolinas Extra y Eco País, las de mayor consumo, que actualmente registran precios similares a los valores internacionales, tras haberlos igualado progresivamente luego de su descongelamiento.
En los planes económicos de Noboa figura reducir el déficit estatal, que alcanzó casi el 5 % del producto interior bruto (PIB) cuando llegó al poder en 2023, y cumplir las metas del programa crediticio del FMI, que asciende a 5.000 millones de dólares en un periodo de cuatro años (2024-2028).
La eliminación de los subsidios de los combustibles se suma a la reducción del Gobierno de 20 a 14 ministerios y el anuncio del despido de 5.000 funcionarios.
Según cálculos oficiales, la eliminación del subsidio supondría un ahorro en el gasto estatal de 1.100 millones de dólares, que se destinarán a medidas de protección social y subvenciones para incentivar la producción nacional.
El Gobierno señaló el sábado que con el Programa de Redistribución de Recursos, inició el pago de incentivos productivos y sociales que reemplazan «subsidios ineficientes por beneficios directos para las familias ecuatorianas».
