Vicepresidenta de Ecuador tilda de “golpe de Estado judicial” al veto para ejercer función

Fotografía de archivo de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, hablando en una rueda de prensa en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome

Quito, 29 mar (EFE).- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, tildó este sábado de “golpe de Estado Judicial” el señalamiento del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que determinó que la suspensión que le impuso por dos años de sus derechos políticos, implica su inmediata inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Con esa decisión, se le cierran las puertas a Abad para asumir temporalmente la Presidencia durante el periodo de campaña electoral en la que el presidente, Daniel Noboa, busca su reelección.

“ATENCIÓN Golpe de Estado Judicial”, escribió Abad en su cuenta de X, en la que hizo referencia al voto salvado del juez Fernando Muñoz, al que calificó de “coherente con la norma constitucional”.

Para Abad, con ese voto, se advierte “que los efectos materiales de la sentencia jamás deben servir como una forma de remoción indirecta” de la vicepresidenta.

Además, se deja en claro, “una vez más, que las causales de destitución están expresamente determinadas en la Constitución de la República y que entre ellas ‘ninguna es por causa de una suspensión de derechos políticos'”.

La destitución -apuntó- solo cabe después de un juicio político y es competencia exclusiva de la Asamblea Nacional.

Tres votos

Con tres votos a favor y dos en contra, el TCE resolvió el pedido de aclaración formulado por la defensa de Abad sobre la sentencia de segunda y última instancia emitida el pasado lunes.

Abad, que mantiene un enconado enfrentamiento con Noboa, defiende que la suspensión de sus derechos políticos ordenada por el TCE no puede afectar las funciones del cargo para el que fue elegida por votación popular junto al mandatario.

La vicepresidenta fue condenada por el TCE a una suspensión de dos años y a una multa de 14.000 dólares ante una contrademanda por violencia política de género presentada contra ella por la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

Inicialmente, Abad había demandado por violencia política de género a Noboa y a varios miembros del Gobierno, entre ellos Sommerfeld, tras haber acusado al mandatario de liderar un presunto acoso contra ella para forzarla a dimitir y así evitarse delegar en ella la Presidencia durante el periodo de campaña electoral.

Sin embargo, el TCE desestimó la demanda de Abad y sí declaró fundada la contrademanda de Sommerfeld contra la vicepresidenta.

Abad busca apoyo internacional

Abad, que estaba en Turquía como consejera temporal, por disposición de Noboa, viajó recientemente a Ginebra y a París para exponer su caso a organismos internacionales, según conoció EFE.

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, Reem Alsalem, manifestó el miércoles en redes sociales su “preocupación” ante la sanción impuesta en Ecuador a Abad, “mediante resolución del TCE con base en una interpretación extensiva de la figura de violencia política contra las mujeres contenida en la legislación electoral ecuatoriana”.

En este caso, a Alsalem le preocupa particularmente que “se haya aplicado una sanción de suspensión de derechos políticos a una autoridad con mandato constitucional sin que se haya demostrado violencia real, daño efectivo, ni afectación al ejercicio de funciones públicas”.

De su lado, Noboa aseguró el jueves que Abad “es una traidora que ya está destituida”.

Lo hizo durante un acto de campaña electoral en la que, hasta el momento, participa sin pedir la licencia -como tampoco lo hizo en primera vuelta- para todo el periodo de proselitismo que exige la ley para cargos públicos que buscan la reelección inmediata, lo que en el caso de Noboa implica delegar el cargo en la vicepresidenta.

Sin embargo, el mandatario sostiene que, al haber ganado las elecciones extraordinarias de 2023 para completar el mandato que le correspondía a Guillermo Lasso (2021-2025), su nueva postulación para el periodo (2025-2029) no implica una reelección en sí, y que tampoco puede depender de la Asamblea Nacional, controlada por el correísmo, para obtener el permiso para hacer campaña.