Santiago de Chile, 5 jun (EFE).- Víctimas de las adopciones ilegales cometidas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) se manifestaron este jueves para exigir celeridad en la creación de un banco público de ADN que ayude a facilitar el reencuentro con sus familiares y que fue anunciado el domingo por el presidente, Gabriel Boric.
Al grito de «¡No más silencio!» y «¡Nos mintieron, nos sedaron, nuestros hijos nos robaron!» y vestidos de negro, miembros de la Fundación Hijos y Madres del Silencio celebraron la medida frente al palacio presidencial La Moneda, pero aseguraron que el banco debe crearse antes del fin del mandato de Boric, en marzo próximo, o la promesa «caerá en el olvido».
«Es una medida muy importante, similar a lo que tienen las Abuelas de Plaza de Mayo (en Argentina), pero queremos que realmente se cumpla (…) Hay muchas madres que se están muriendo y hay que hacerlo ya», dijo a EFE Marisol Rodríguez, fundadora y vocera de la ONG y quien busca a su hermano, nacido y «dado por muerto» en 1972 en un hospital de Santiago.
El banco público permitiría a cualquiera que tenga dudas sobre su origen consultar de manera extrajudicial la base de datos genéticos sin necesidad de recurrir a la Justicia y abrir un proceso penal.
«Hay muchas personas apropiadas, que no tuvieron un proceso legal de adopción y que no quieren involucrar a sus padres supuestamente adoptivos, pero sí saber sus orígenes», apuntó Rodríguez.
La medida fue anunciada el pasado domingo por Boric durante su último discurso de rendición de cuentas ante el Parlamento, pero aún se desconocen los detalles.
Aunque hay registro de estas prácticas a partir de los años 60, fue durante la dictadura cuando se registraron la gran mayoría de los casos, en una práctica que se consolidó gracias a la participación de médicos, matronas, jueces, notarios, autoridades migratorias y religiosos y que afectó principalmente a madres jóvenes y de pocos recursos.
De los cerca de 20.000 menores chilenos que se calcula que fueron adoptados de forma irregular por familias extranjeras, solo 1.000 se han reencontrado con sus familias, según cifras del Poder Judicial.
Estados Unidos, Suecia, Alemania, Francia, Italia, España o Países Bajos fueron los principales destinos de los menores.
María Inés Soto, quien busca a su hija desde 1967, reconoció a EFE tener «emociones encontradas» tras el anuncio de Boric «porque en 2020 (durante el segundo Gobierno del conservador Sebastián Piñera) ya hubo un intento de crear un banco público de ADN, se sacaron muy pocas muestras y ahí se quedaron».
«Esperamos que esta vez no sea así», aseguró.
Las primeras denuncias salieron a la luz en 2014, pero no fue hasta 2018 cuando la Justicia chilena abrió una investigación sobre uno de los episodios más oscuros de la dictadura.
Esta semana se cumplió un importante hito judicial, ya que por primera vez un juez logró acreditar la existencia de una red de adopciones ilegales durante el régimen y procesó a las primeras cinco personas por sustracción ilegal de menores.
«Hay que esperar los resultados de todas las investigaciones. Yo pido a quien tenga información, que no las dé, para que todos nuestros hijos e hijas vuelvan», indicó a EFE Nilda, que dio a luz en 1974 a «una guaga (bebé) sana y hermosa», que los médicos «se llevaron para siempre» con la excusa de que estaba enferma.
