Bilbao, 14 mar (EFE).- Familiares de víctimas de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) han anunciado la interposición de una querella por un presunto delito de lesa humanidad contra quien fuera ministro del Interior en el periodo 1982-1988, José Barrionuevo.
Según han dado a conocer este viernes en Bilbao, los querellantes -18 familiares o víctimas directas de los GAL- solicitan en su escrito que se tome declaración como testigos, entre otros, al expresidente del Gobierno Felipe González y al juez Baltasar Garzón.
Los abogados Óscar Sánchez y Maddi Bilbao han señalado que la querella, impulsada por la Fundación Egiari Zor y el Observatorio de Derechos Humanos, se interpondrá la próxima semana ante el Juzgado Central de Instrucción de Madrid.
Han anunciado además que en caso de ser rechazada por la Audiencia Nacional recurrirán a instancias internacionales.
A su juicio, las violaciones de derechos humanos que denuncian -enmarcadas en el denominado Plan ZEN y la posterior actuación de los GAL- abarcarían un tipo penal no prescrito.
“Las pruebas son muy sólidas”, han expresado en una comparecencia en la que se ha advertido que la “guerra sucia” contra ETA supuso, entre otras consecuencias, 27 asesinatos.
Han recordado además que José Barrionuevo fue condenado en 1998 por el Tribunal Supremo por el secuestro de Segundo Marey, pero han advertido de que “nunca ha sido investigado ni juzgado por toda su actuación” que, según consideran, habría reconocido en una entrevista concedida en 2022.
Dos de las querellantes, Edurne Brouard y Begoña Galdeano -hijas de Santiago Brouard y Xabier Galdeano, asesinados por los GAL en 1984 y 1985- han afirmado, no obstante, que 40 años después es “difícil tener muchas esperanzas” en la justicia.
Han valorado además que el anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, les ofreciera en su momento ayuda económica si optaban por la vía judicial, y han confiado en que el actual presidente vasco, Imanol Pradales, se comprometa en el mismo sentido.
