Ximena Hessling
Madrid, 27 jun (EFE).- Mujeres y trabajadoras de un centro de acogida para víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid han alzado la voz para denunciar las situaciones que han vivido, esperando que la justicia intervenga para evitar que se repitan.
La Fiscalía de Alcalá de Henares ha formulado la denuncia este mes de junio en los Juzgados de Arganda del Rey por presuntas deficiencias de funcionamiento, malos tratos y vejaciones en la casa de acogida número 4, que depende de la Consejería madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y que gestiona Trama, empresa privada sin ánimo de lucro.
La Comunidad de Madrid está investigando posibles casos de «mala praxis» en este centro, tras una denuncia presentada en diciembre por la Casa de las Mujeres de Vallekas, mientras que desde Trama han declinado hacer declaraciones sobre los hechos.
«Ninguna mujer y, sobre todo, ningún niño merece vivir esas situaciones de miedo y maltrato por parte de las personas que se supone que tienen que ayudarnos», explica una de las víctimas.
Su hijo sufrió un accidente en la guardería, en el que se le rompieron los dientes y, en el centro, no le permitieron llevarlo al hospital, aunque después de una semana decidió hacerlo, a pesar del «miedo» de que la podían echar, para «proteger» al niño, que había sufrido «mucho dolor» y dificultades para poder comer, añade.
«Como me volví ‘una molestia’, me pusieron en una habitación que no era para nada habitable, donde había filtraciones de agua y de aire, no funcionaba el radiador. Mi hijo lloraba de frío y terminó con una neumonía», relata.
Otra de las denunciantes considera que estuvo expuesta a «un maltrato psicológico y emocional» en la casa de acogida, donde, según ella, las mujeres eran «revictimizadas» por las profesionales encargadas de ayudarlas.
Afirma que las condiciones en el centro no eran las adecuadas para la recuperación de las víctimas y que la dinámica de maltrato que habían experimentado con sus agresores se replicaba dentro de la institución.
Otra de las víctimas, cuya hija pequeña tiene una intolerancia alimentaria, asegura que no le adaptaban las comidas.
«A mí me han llegado a cuestionar que no era una madre aplicaba y que no tenía iniciativa, cuando eso no era así», resalta.
Una trabajadora del centro también describe «un ambiente de control excesivo», «humillaciones» y «falta de respeto» tanto hacia las mujeres como hacia el personal.
Se prohibía a las mujeres ir a un centro comercial o se les impedía que bajaran a fumar un cigarro por llevar pantalón corto y camiseta en verano, lo que les generaba «angustia y la sensación de estar vigiladas y acosadas».
Subraya que se sancionaba a mujeres por motivos «totalmente injustos y subjetivos», lo que implicaba la restricción de salidas y varias sanciones podían derivar en informes negativos que les impedían a las acceder a ayudas a las que tenían derecho, resalta.
Otra educadora señala: «A raíz de ver las injusticias que se estaban realizando tanto con las mujeres y menores víctimas de violencia de género como con las trabajadoras del centro, decidimos que no queríamos que esto pasase a ninguna mujer más y a ninguna profesional más».
La Casa de las Mujeres de Vallekas ha brindado asesoramiento legal y apoyo a las denunciantes, que tienen órdenes de alejamiento de sus maltratadores y que permanecen en este recurso durante un año.
La presidenta de la asociación, María del Carmen Bermejo, ha denunciado «el maltrato institucional» en este recurso público de acogida, donde en lugar de «empoderar a las mujeres», se las «machaca psicológicamente».
