Madrid, 26 sep (EFE).- La Audiencia Nacional ha dejado este viernes visto para sentencia el juicio a 36 acusados del caso Púnica, entre ellos nueve exalcaldes, la mayoría del PP y de la Comunidad de Madrid, por adjudicaciones de contratos millonarios a la empresa Cofely a cambio supuestamente de comisiones y dádivas entre 2012 y 2014.
Casi seis meses después de su inicio concluye la vista de esta pieza del caso Púnica en la que las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá han aplicado en sus solicitudes definitivas de penas para todos los acusados la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento.
Así han pedido seis años y seis meses de cárcel para el exalcalde de Collado Villalba Agustín Juárez, cinco años para los de Móstoles Daniel Ortiz Espejo y de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, cuatro años y medio para el de Sevilla la Nueva Mario Utrilla y dos años y tres meses para el de Valdemoro José Carlos Boza, todos ellos regidores del PP en dichas localidades madrileñas en la época de los hechos.
Igualmente han solicitado dos años y seis meses de inhabilitación para el exalcalde del PP de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato.
Los abogados de estos acusados han pedido su absolución al proclamar su inocencia y el de José Carlos Boza además ha denunciado el «interés político» y «mediático» contra el PP con el que a su juicio se construyó esta causa y el «mercadeo» de las negociaciones de la Fiscalía con los «conformados» tras amenazarles con elevadas penas y convirtiéndoles en «francotiradores» contra el resto.
El único acusado que ha usado el turno de última palabra ha sido Agustín Juárez, que ha dicho: «Soy inocente, absolutamente inocente y sigo creyendo en la justicia». Seguidamente la presidenta de la Sala, María Riera, ha indicado: «Queda visto para sentencia, parece mentira».
Las fiscales han reducido de una forma más significativa sus peticiones de condena para catorce acusados que confesaron los hechos, entre ellos tres exalcaldes de localidades madrileñas.
De esta forma han rebajado de 11 a dos años y cuatro meses de cárcel su solicitud para el exalcalde de Parla José María Fraile (del PSOE), de nueve años y medio a dos años y diez meses de prisión para el de Serranillos del Valle Antonio Sánchez del Valle (de UDMA), y de nueve años y medio a tres años y cinco meses de inhabilitación para el de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas (del PP).
Según la Fiscalía los contratos de servicios de eficiencia energética adjudicados a la empresa Cofely por los ayuntamientos investigados suman 223 millones de euros para un periodo de ejecución de entre doce y quince años.
Y atribuye a los acusados -exalcaldes, exconcejales, personal y colaboradores de ayuntamientos y exdirectivos de Cofely- delitos de prevaricación, revelación de información reservada, cohecho, tráfico de influencias, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsificación de documento, aprovechamiento de información privilegiada, blanqueo de capitales y organización criminal.
En anteriores sesiones del juicio el que era responsable de Mercado Público del departamento comercial de Cofely, Pedro G.P., uno de los acusados que ha confesado, declaró que en los ayuntamientos de Parla, Collado-Villalba y Móstoles les llegaron a pedir hasta 600.000 euros de comisión por la adjudicación a esta empresa aunque en los tres casos se renegoció a la baja.
El abogado de Cofely ha alegado que la empresa lamenta el comportamiento de los exdirectivos de la compañía que actuaron saltándose sus controles internos y ha asegurado que los hechos no le han supuesto beneficio alguno sino pérdidas.
En este sentido las defensas han negado que los acusados cometieran malversación de caudales públicos, delito que les atribuye la acusación popular, ejercida por el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), porque en aplicación de los contratos investigados lo que hay es una deuda de los ayuntamientos de 21 millones de euros con Cofely.
Entre los acusados que confesaron los hechos también está David Marjaliza, un empresario de la construcción arrepentido que Cofely contrató como asesor comercial para que actuara como ‘conseguidor’ de contratos públicos, que fue socio de Francisco Granados, exconsejero de la Comunidad de Madrid con el Gobierno del PP que presidía Esperanza Aguirre e investigado en otras piezas del caso Púnica.
Las fiscales han rebajado su petición de pena para Marjaliza de once a siete años de prisión.
